_Por Hernán de la Cruz Enciso (*)_
El problema de Las Bambas ha ingresado a un callejón oscuro. Nadie acierta la salida. Ni la empresa, víctima de sus relacionistas comunitarios (quienes han originado parte del problema al ofrecer a los comuneros un paraíso cada vez más inalcanzable); ni los comuneros, quienes, por desconocimiento, han optado únicamente por la vía de la presión social y política para resolver un problema netamente técnico; ni el gobierno, atado de pies y manos por acuerdos y convenios internacionales y por la presión de la calle. La prensa de Lima está peor de desorientada, por lo menos parte de la prensa, pues solo ve _terrucos_ y minorías extremistas en todas partes, igual de confundida que el gobernador regional de Apurímac, quien presiente una posible “nacionalización”.
La verdad es que en la calle hay más especulación que discusión seria. Unos piden estatización (que la empresa pase a manos del Estado), y otros claman –entre ellos el aprofujimorismo– principio de autoridad (meter bala a la gente para que la empresa MMG Las Bambas siga operando). Lo que no saben es que ninguno se dará, porque vivimos en un estado de derecho: se lo impiden los Consensos de Washington y Ginebra. No se puede estatizar porque MMG Las Bambas ya es una empresa estatal (empresa del Estado chino). Otros hablan de nacionalizar, cuando eso es imposible porque los minerales, mientras sigan en el subsuelo, pertenecen a la Nación peruana. La empresa MMG Las Bambas podría ser nacionalizada, ahora que ya recuperó su capital, pero China podría llevar al Perú a los tribunales internacionales (Consenso de Washington) y sacarle miles de millones por daños, perjuicios y otros, porque esta empresa tiene títulos de propiedad en la zona (el total del terreno de Fuerabamba y casi la mitad de Huancuire), permisos, estudios, inversión y otros. ¿Y el gobierno puede meter bala a los comuneros? Tampoco, porque las comunidades, por ser originarias y estar reconocidas, se encuentran bajo el amparo de leyes internacionales (Consenso de Ginebra) y podrían arrastrar al Estado peruano a los tribunales internacionales y, de paso, paralizar todas las actividades mineras por tiempo indeterminado.
*CONSENSOS DE WASHINGTON Y GINEBRA*
Vamos al fondo del problema. El Consenso de Washington, cuyo objetivo es insertar al país a la globalización, es una construcción social que de conformidad con el régimen legal protege las inversiones en el mundo (son más de tres mil tratados internacionales aprobados e incorporados a las legislaciones nacionales por los poderes legislativos de 180 naciones, incluyendo Perú). A su vez, el Consenso de Ginebra, constituido por once convenciones internacionales –entre ellas el Convenio 169 de la OIT– y cientos de tratados bilaterales aprobados por el Perú, lucha por los “derechos humanos y de propiedad” y contra las “injusticias de la globalización” y las “desigualdades de la pobreza”. De allí que las comunidades indígenas, como Huancuire y Fuerabamba, tengan cientos de mecanismos judiciales, legislativos y administrativos para autorizar o bloquear la extracción de minerales en Las Bambas.
Este problema debe llamar a la reflexión a tirios y troyanos. Porque es más grave de lo que se observa desde Lima o Abancay: el proyecto minero puede ser revisado, incluso el contrato, por no haber pasado por la consulta previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los Estados “violan el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad cuando, sin consulta previa, otorgan concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios ancestrales”; y ha establecido que el concepto de “tierras de comunidades” que reconoce el artículo 89° de la Constitución debe ser interpretado de conformidad con el Derecho Internacional, que reconoce territorios de pueblos, lo que comprende todo el hábitat (Expediente N° 1126-2011-HC/TC); y ha determinado que ninguna autoridad puede emitir actos administrativos que vulneren a los derechos a la propiedad territorial y autonomía, como serían concesiones, licencias, autorizaciones, adjudicaciones o cualquier tipo de permiso a terceros para realizar actividades dentro del territorio de las comunidades indígenas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá, incluso, de solo la propiedad privada: las comunidades indígenas tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios: suelo, subsuelo, minerales, agua, etc. En términos generales, en virtud de su derecho a la propiedad, los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho a “usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro y sobre las tierras que tradicionalmente han poseído”.
Las comunidades de Huancuire, Fuerabamba y Pumamarca, que vendieron parte o el total de sus terrenos a Xstrata, después de varios años por primera vez han empezado a hablar de “territorio”, y sus presidentes, a quienes no tengo el gusto de conocerlos, se preguntan si acaso también tienen derecho sobre los recursos naturales que explota MMG Las Bambas.
*¿MESAS DE DIÁLOGO O TÉCNICAS?*
El problema que afronta MMG Las Bambas es hijo de las “mesas de diálogo” de Xstrata, estrategia diseñada por los relacionistas comunitarios para “convencer” a comuneros desinformados e inocentes y arrebatarles sus propiedades con ventas amañadas. Las mesas de diálogo son para conversar, para ponerse de acuerdo en un problema de carácter doméstico. Y como el problema en Las Bambas tiene otras características, imposible de solucionar con un simple diálogo, los diferentes gobiernos han venido aplicando la escalera descendente como estrategia de enfriamiento del problema (para que, mientras tanto, la empresa avance con la explotación de minerales): a la primera mesa viene el mismo Premier (para impresionar a los comuneros), a la segunda el ministro, a la tercera reunión se presenta el viceministro, a la cuarta un alto funcionario, a la quinta un funcionario de segunda sin capacidad de decisión. Hasta que los comuneros descubren que han sido engañados con estilo y forma, y terminan pateando la mesa y repudiando a sus dirigentes “porque se han vendido”. Y no es que se hayan vendido, sino que les faltaron asesores para ayudarlos. Y cuando digo “asesores” no me refiero solamente a abogados (especialistas, algunos, en el arte de enredar los problemas, para ganar más), sino de geólogos, ingenieros, economistas, peritos en comunidades indígenas, medio ambiente, etc.
Las mesas de diálogo son para convencer a una de las partes, o a las dos, o para superar diferencias. ¿En Las Bambas hay diferencias? No las hay. Los pueblos están de acuerdo con la minería, a tal extremo de que para visibilizar sus demandas han acudido únicamente a la presión social y política (mal entendida hasta el momento por los grupos de poder) y no a mecanismos judiciales y administrativos. ¿Entonces qué pasó? El problema es de orden técnico: la propiedad territorial y la continuidad de los pueblos, que deriva en la discusión de varios aspectos. 1) Económico: al deshacerse de un territorio para siempre (la empresa les dio dinero pero no futuro, casas-gueto pero no hogar, terrenos pero no tierras productivas), ¿cuánto perderán las comunidades en agricultura, ganadería y minería solamente en cien años? 2) Ambiental: Huancuire también y otras comunidades deberán ser reubicadas, porque el impacto será directo a los pueblos, por el polvo y la falta de agua. ¿Qué debe hacer la otra parte, la empresa, al respecto? 3) Territorial: no es lo mismo vender terreno, por metro cuadrado y valorizando bienes inmuebles como cercos y casas, que decidir sobre el territorio, entendido según el derecho internacional como el contenido de una célula geográfica: Apus, creencias, lengua, costumbres, agua, lagunas, terrenos, minerales, bienestar, permanencia, trascendencia. 4) Etc.
En resumen: la solución definitiva pasa, por un lado, por instalar una mesa técnica entre la empresa y las comunidades indígenas, para resolver el tema de la propiedad territorial, y otra mesa técnica con el Estado por haber entregado un proyecto minero y autorizaciones y licencias sin consulta previa.
*FIN DE UN MODELO DE CONVIVENCIA*
Los especialistas afines a la Sociedad Nacional de Minería (SNM) han usado el “convencimiento” para viabilizar todos los proyectos mineros. A las comunidades les ofrecen dinero por sus terrenos (y no por sus territorios), pero no futuro. Sobornan a los dirigentes y autoridades o les prometen contrato a sus pequeñas empresas, pero les dan solo cachuelos, que dejan muy pocas ganancias. Los contratos para servicios bien pagados los dan a empresas ligadas a la SNM, a las empresas de los gerentes o a funcionarios del Estado que les aprueban ilegalmente permisos y licencias. Ese modelo al parecer ha terminado.
El Estado chino, dueño de MMG Las Bambas, no es responsable de todos los problemas que afronta. La mayor parte de la responsabilidad es de Xstrata. El único error que ha cometido MMG es mantener a gerentes que no respetan los derechos de las comunidades y que están sembrando vientos, para cosechar tempestades. Después del problema de Las Bambas, en otros proyectos mineros, la única salida será que las comunidades indígenas entren como socias de las mineras. De ese modo, en vez de causar problemas sociales, los comuneros viabilizarán la actividad y de paso entrarán al circuito virtuoso del capital y el mercado.
_(*) Escritor y periodista._
