LAS BAMBAS Y EL ESTADO DE DERECHO

 

 _Por Hernán de la Cruz Enciso (*)_

El problema de Las Bambas ha ingresado a un callejón oscuro. Nadie acierta la salida. Ni la empresa, víctima de sus relacionistas comunitarios (quienes han originado parte del problema al ofrecer a los comuneros un paraíso cada vez más inalcanzable); ni los comuneros, quienes, por desconocimiento, han optado únicamente por la vía de la presión social y política para resolver un problema netamente técnico; ni el gobierno, atado de pies y manos por acuerdos y convenios internacionales y por la presión de la calle. La prensa de Lima está peor de desorientada, por lo menos parte de la prensa, pues solo ve _terrucos_ y minorías extremistas en todas partes, igual de confundida que el gobernador regional de Apurímac, quien presiente una posible “nacionalización”.

La verdad es que en la calle hay más especulación que discusión seria. Unos piden estatización (que la empresa pase a manos del Estado), y otros claman –entre ellos el aprofujimorismo– principio de autoridad (meter bala a la gente para que la empresa MMG Las Bambas siga operando). Lo que no saben es que ninguno se dará, porque vivimos en un estado de derecho: se lo impiden los Consensos de Washington y Ginebra. No se puede estatizar porque MMG Las Bambas ya es una empresa estatal (empresa del Estado chino). Otros hablan de nacionalizar, cuando eso es imposible porque los minerales, mientras sigan en el subsuelo, pertenecen a la Nación peruana. La empresa MMG Las Bambas podría ser nacionalizada, ahora que ya recuperó su capital, pero China podría llevar al Perú a los tribunales internacionales (Consenso de Washington) y sacarle miles de millones por daños, perjuicios y otros, porque esta empresa tiene títulos de propiedad en la zona (el total del terreno de Fuerabamba y casi la mitad de Huancuire), permisos, estudios, inversión y otros. ¿Y el gobierno puede meter bala a los comuneros? Tampoco, porque las comunidades, por ser originarias y estar reconocidas, se encuentran bajo el amparo de leyes internacionales (Consenso de Ginebra) y podrían arrastrar al Estado peruano a los tribunales internacionales y, de paso, paralizar todas las actividades mineras por tiempo indeterminado.

*CONSENSOS DE WASHINGTON Y GINEBRA*

Vamos al fondo del problema. El Consenso de Washington, cuyo objetivo es insertar al país a la globalización, es una construcción social que de conformidad con el régimen legal protege las inversiones en el mundo (son más de tres mil tratados internacionales aprobados e incorporados a las legislaciones nacionales por los poderes legislativos de 180 naciones, incluyendo Perú). A su vez, el Consenso de Ginebra, constituido por once convenciones internacionales –entre ellas el Convenio 169 de la OIT– y cientos de tratados bilaterales aprobados por el Perú, lucha por los “derechos humanos y de propiedad” y contra las “injusticias de la globalización” y las “desigualdades de la pobreza”. De allí que las comunidades indígenas, como Huancuire y Fuerabamba, tengan cientos de mecanismos judiciales, legislativos y administrativos para autorizar o bloquear la extracción de minerales en Las Bambas.

Este problema debe llamar a la reflexión a tirios y troyanos. Porque es más grave de lo que se observa desde Lima o Abancay: el proyecto minero puede ser revisado, incluso el contrato, por no haber pasado por la consulta previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los Estados “violan el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad cuando, sin consulta previa, otorgan concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios ancestrales”; y ha establecido que el concepto de “tierras de comunidades” que reconoce el artículo 89° de la Constitución debe ser interpretado de conformidad con el Derecho Internacional, que reconoce territorios de pueblos, lo que comprende todo el hábitat (Expediente N° 1126-2011-HC/TC); y ha determinado que ninguna autoridad puede emitir actos administrativos que vulneren a los derechos a la propiedad territorial y autonomía, como serían concesiones, licencias, autorizaciones, adjudicaciones o cualquier tipo de permiso a terceros para realizar actividades dentro del territorio de las comunidades indígenas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá, incluso, de solo la propiedad privada: las comunidades indígenas tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios: suelo, subsuelo, minerales, agua, etc. En términos generales, en virtud de su derecho a la propiedad, los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho a “usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro y sobre las tierras que tradicionalmente han poseído”. 

Las comunidades de Huancuire, Fuerabamba y Pumamarca, que vendieron parte o el total de sus terrenos a Xstrata, después de varios años por primera vez han empezado a hablar de “territorio”, y sus presidentes, a quienes no tengo el gusto de conocerlos, se preguntan si acaso también tienen derecho sobre los recursos naturales que explota MMG Las Bambas.

*¿MESAS DE DIÁLOGO O TÉCNICAS?*

El problema que afronta MMG Las Bambas es hijo de las “mesas de diálogo” de Xstrata, estrategia diseñada por los relacionistas comunitarios para “convencer” a comuneros desinformados e inocentes y arrebatarles sus propiedades con ventas amañadas. Las mesas de diálogo son para conversar, para ponerse de acuerdo en un problema de carácter doméstico. Y como el problema en Las Bambas tiene otras características, imposible de solucionar con un simple diálogo, los diferentes gobiernos han venido aplicando la escalera descendente como estrategia de enfriamiento del problema (para que, mientras tanto, la empresa avance con la explotación de minerales): a la primera mesa viene el mismo Premier (para impresionar a los comuneros), a la segunda el ministro, a la tercera reunión se presenta el viceministro, a la cuarta un alto funcionario, a la quinta un funcionario de segunda sin capacidad de decisión. Hasta que los comuneros descubren que han sido engañados con estilo y forma, y terminan pateando la mesa y repudiando a sus dirigentes “porque se han vendido”. Y no es que se hayan vendido, sino que les faltaron asesores para ayudarlos. Y cuando digo “asesores” no me refiero solamente a abogados (especialistas, algunos, en el arte de enredar los problemas, para ganar más), sino de geólogos, ingenieros, economistas, peritos en comunidades indígenas, medio ambiente, etc. 

Las mesas de diálogo son para convencer a una de las partes, o a las dos, o para superar diferencias. ¿En Las Bambas hay diferencias? No las hay. Los pueblos están de acuerdo con la minería, a tal extremo de que para visibilizar sus demandas han acudido únicamente a la presión social y política (mal entendida hasta el momento por los grupos de poder) y no a mecanismos judiciales y administrativos. ¿Entonces qué pasó? El problema es de orden técnico: la propiedad territorial y la continuidad de los pueblos, que deriva en la discusión de varios aspectos. 1) Económico: al deshacerse de un territorio para siempre (la empresa les dio dinero pero no futuro, casas-gueto pero no hogar, terrenos pero no tierras productivas), ¿cuánto perderán las comunidades en agricultura, ganadería y minería solamente en cien años? 2) Ambiental: Huancuire también y otras comunidades deberán ser reubicadas, porque el impacto será directo a los pueblos, por el polvo y la falta de agua. ¿Qué debe hacer la otra parte, la empresa, al respecto? 3) Territorial: no es lo mismo vender terreno, por metro cuadrado y valorizando bienes inmuebles como cercos y casas, que decidir sobre el territorio, entendido según el derecho internacional como el contenido de una célula geográfica: Apus, creencias, lengua, costumbres, agua, lagunas, terrenos, minerales, bienestar, permanencia, trascendencia. 4) Etc. 

En resumen: la solución definitiva pasa, por un lado, por instalar una mesa técnica entre la empresa y las comunidades indígenas, para resolver el tema de la propiedad territorial, y otra mesa técnica con el Estado por haber entregado un proyecto minero y autorizaciones y licencias sin consulta previa.

*FIN DE UN MODELO DE CONVIVENCIA*

Los especialistas afines a la Sociedad Nacional de Minería (SNM) han usado el “convencimiento” para viabilizar todos los proyectos mineros. A las comunidades les ofrecen dinero por sus terrenos (y no por sus territorios), pero no futuro. Sobornan a los dirigentes y autoridades o les prometen contrato a sus pequeñas empresas, pero les dan solo cachuelos, que dejan muy pocas ganancias. Los contratos para servicios bien pagados los dan a empresas ligadas a la SNM, a las empresas de los gerentes o a funcionarios del Estado que les aprueban ilegalmente permisos y licencias. Ese modelo al parecer ha terminado.

El Estado chino, dueño de MMG Las Bambas, no es responsable de todos los problemas que afronta. La mayor parte de la responsabilidad es de Xstrata. El único error que ha cometido MMG es mantener a gerentes que no respetan los derechos de las comunidades y que están sembrando vientos, para cosechar tempestades. Después del problema de Las Bambas, en otros proyectos mineros, la única salida será que las comunidades indígenas entren como socias de las mineras. De ese modo, en vez de causar problemas sociales, los comuneros viabilizarán la actividad y de paso entrarán al circuito virtuoso del capital y el mercado.

_(*) Escritor y periodista._

🔴✏️ NUEVOS MINISTROS, NO SON DE PERÚ LIBRE

El secretario general del PPN Perú Libre, Dr. Vladimir Cerrón, se pronunció sobre los cambios de ministros de Estado que realizó el presidente de la República, Pedro Castillo, la noche del domingo en Palacio de Gobierno.

A través de su cuenta oficial en Twitter, señaló que la decisión del mandatario se llevó a cabo sin consultarle al partido Perú Libre, a la bancada oficialista o al denominado bloque magisterial.

“Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al Partido, bancadas de Perú Libre y bancada Magisterial, son decisiones propias del Presidente”, escribió.

Asimismo, Así mismo el Dr. Vladimir Cerrón rechazó la designación de Alessandra Herrera como nueva ministra de Energía y Minas, en reemplazo de Carlos Palacios.

“Extrema derechización del sector minero incrementará conflictos. Del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la URSS, a la actual ministra Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los EE.UU”, enfatizó.

#PeruLibre

#VladimirCerron

#Ministros

ALBERTO FUJIMORI ES EL PRESO MAS VISITADO POR CONGRESISTAS FUJIMORISTAS OBSTRUCCIONISTAS

 "De enfermito nada": Alberto Fujimori es el preso más visitado por los congresistas fujimoristas "obstruccionistas".

Desde julio 2021, el INPE registró 64 ingresos de congresistas a los establecimientos penitenciarios, de ellas, más del 50% pertenece a visitas al expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo.

En tiempos complicados para la salud de Alberto Fujimori, el expresidente se ha convertido en el preso más visitado por los congresistas de Fuerza Popular. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) registró 64 ingresos de congresistas a penales entre julio de 2021 y mayo de 2022, valiéndose de su función fiscalizadora.

Del total de visitas parlamentariasm, en solo 10 meses, 33 fueron exclusivamente para ver a Fujimori. Incluso estas se siguieron dando cuando se suspendieron las visitas debido a la Emergencia Sanitaria por la Covid-19.

Al penal de Barbadillo (Ate), donde reside Alberto Fujimori, ingresaron los congresistas de Fuerza Popular María Cordero, Luis Cordero, Alejandro Aguinaga, Juan Carlos Lizarzaburu, Carlos Bustamante y Martha Moyano; de acuerdo al registro del INPE, al que accedió el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

Por otro lado, el etnocacerista Antauro Humala también registra la visita del congresista de Perú Libre, Abel Reyes, en los penales de Ancón I y Ancón II.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

 

El presidente Castillo, cumpliendo con la formalidad establecida por la constitución y la ley, ha enviado un proyecto de ley al Congreso destinado a incluir en el proceso electoral de gobiernos regionales y locales de octubre, una consulta a la población sobre su acuerdo o rechazo a la conformación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución política para la república. La iniciativa ha sido recibida con pifias, protestas y alaridos por la derecha, que estima que a la constitución fujimontesinista no hay que tocarle ni una letra, sin embargo, a estas alturas ya ha tenido 23 modificaciones constitucionales algunas de las cuales fueron propuestas por los mismos fujimoristas, como fueron los recortes a los derechos de participación ciudadana, que luego, al caer su dictadura en el año 2000, se volvieron a corregir. 

Pero en rigor ¿es imprescindible cambiar la constitución fujimontesinista del año 1993? Para nosotros y la gran mayoría del pueblo peruano la respuesta es obviamente sí. Cambiar la constitución política del estado es fundamental. No solo por el prurito de sacudir de nuestra legislación y sobre todo de nuestra historia los resabios de un gobierno corrupto, criminal y nefasto, como lo fue el de los hermanos gemelos Fujimori y Montesinos, similar al de A. Pinochet en Chile o al de R. Videla en Argentina, sino porque el modelo neoliberal que se impuso a nuestro país con esa carta magna del 93, hacen inviables nuestros esfuerzos por salir de la pobreza, que las grandes mayorías tengan servicios públicos de calidad como la educación, la salud, el agua potable, vivienda digna, carreteras amplias y seguras etc., impidiendo de esta manera que podamos asegurar un futuro con equidad y justicia para todos. 

Las fuerzas de la derecha, sus medios de comunicación, sus periodistas de radio y televisión dicen que esperar que con un cambio de constitución se puedan lograr mejores condiciones de vida es una mentira, o en el mejor de los casos una ilusion. Los millones de peruanos No decimos que la mentira es suponer que con el neoliberalismo saldremos de la pobreza. Veamos un par de ejemplos que nos lo demuestran. Hace unas pocas semanas señalamos que es fundamental para el Perú desarrollar una empresa pública que explote los grandes yacimientos de cobre que poseemos. Las reservas de este mineral, que es clave para el desarrollo de todos los países, es de 92,000 millones de toneladas de cobre, cuyo valor de mercado hoy en día, calculado a grosso modo, es de por lo menos 600 mil millones de dólares, a razón de 4.5 dólares la libra. Sin embargo, Goldman Sachs, una de las empresas más calificadas en análisis de inversiones en el mundo, dice que “El metal rojo alcanzaría una nueva marca histórica dentro de 12 meses, para seguir en una racha alcista que lo llevaría a US$6,8 la libra en 2025” Es decir, estimados lectores, según este criterio el valor de las reservas de cobre del nuestro país crecerá en un 50 % adicional hasta el año 2025, esto significa que estas reservas valdrán más de un billón de dólares en el año 2025 y esto es sin contar el incremento de la demanda por cobre derivada de la actual guerra en Europa Oriental. 

La pregunta es entonces: ¿A quién beneficiará esta enorme riqueza?Nosoesta riqueza debe beneficiar exclusivamente al Perú y para eso debemos crear una empresa pública que explote este recurso que la madre naturaleza nos ha proporcionado y no que se vaya a beneficiar a las empresas multimillonarias transnacionales o la República de China que tiene mucho más que toda América Latina junta. Sin embargo, esta propuesta que parece muy lógica no es compartida por muchos congresistas, muchos empresarios nacionales, muchos políticos de partidos tradicionales. Sin embargo, para que nuestra propuesta sea posible de ser ejecutada y la riqueza del cobre financie el desarrollo del país, tiene que haber un cambio constitucional pues la constitución fujimontesinista que gobierna nuestro país impide que el Estado pueda constituir empresas, si existen empresas privadas que realizan el trabajo. Como las empresas extranjeras y nacionales ya explotan el cobre para su propio provecho, el Estado, según la constitución vigente, no podría constituir una empresa pública que se encargue de ello. Ergo, sino se tiene una nueva constitución, todo este inmenso recurso no beneficiará al país. Se irá al extranjero. Esta oscura realidad continuará vigente sino cambiamos la Constitución. 

Lo que  señalo no solo está pasando con los yacimientos de cobre. Está pasando con todos los yacimientos mineros del Perú. Según la Sociedad de Minería, en el año 2021 las empresas mineras habrían pagado 12 mil millones de soles de impuestos, es decir algo más de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, alrededor de 800 millones de dólares corresponden al pago de sentencias judiciales dictadas a favor de la Sunat que corresponden a períodos o años anteriores, por lo que para nuestro ejemplo podemos decir que las empresas mineras que operan en el Perú habrían pagado unos 2200 millones de dólares en impuestos al fisco en el año 2021. En ese mismo año las exportaciones mineras, según la misma fuente, fueron de más de 39 mil millones de dólares. Podríamos decir entonces que las empresas extranjeras dejan en el Perú 5 dólares por cada 40 dólares que se llevan, sin embargo, la verdad es que lo que se llevan después de refinado será mucho más valioso. Solo un cambio de la constitución puede permitir que una empresa pública pueda realizar estos procesos en el Perú, permitiendo que la riqueza nacional beneficie a los peruanos y no a los consorcios extranjeros. Las empresas extranjeras nunca crearán procesos de agregación de valor en nuestro país pues sus refinerías y fábricas que industrializan el cobre u otros minerales no están en el Perú. Solo una empresa nacional pública estará interesada en crear este recurso en el Perú con la consecuencia de incrementar el valor agregado con nuevos procesos productivos, crecimiento de la mano de obra contratada, y la creación de riqueza consecuente. 

Como hemos visto en estos ejemplos de lo que está ocurriendo en nuestra patria, la parálisis del estado en la defensa de nuestros recursos naturales, debe ser corregida mediante una nueva Constitución y todos los peruanos de buena voluntad tenemos que decirlo con claridad y repetirlo mil veces, pues la prensa nacional está vilmente parametrada y buena parte de la población no se llega a enterar de la verdad. Solo una nueva constitución permitirá que los peruanos puedan gozar de su propia riqueza. Solo así el estado podrá tener los recursos necesario para nuestro desarrollo. No es cierto que las empresas públicas sean un fracaso como afirman los detractores interesados. Ahí tenemos por ejemplo al Banco de la Nación, que crece de manera sistemática y no crece más, por ejemplo, dando préstamos a la población o créditos de consumo a tasas de interés razonables, precisamente porque la constitución fujimontesinista no lo permite. Ellos dicen que si se convoca a una Asamblea Constituyente se creará incertidumbre económica y eso no es cierto tampoco. Nadie piensa en las ideas obsoletas de cerrar los mercados o estatizar los comercios como se dice en algunos medios. De lo que se trata es de poner a disposición de todos los peruanos la riqueza de nuestros recursos naturales, que hoy están entregados al poder extranjero, este mismo poder que desde los albores de la república los ambiciona, que organizó la guerra del pacífico para apropiarse del guano y del salitre y hoy nos arrebata la riqueza de los minerales, con la complicidad de los políticos de derecha y los medios de comunicación que, como se ha visto en tantos vladivideos, no dudan en vender su línea editorial por paquetes de dinero mal habido.

 Sabemos que tenemos una dura tarea por delante, pero lograremos nuestro propósito. La nueva constitución no será producto de un golpe de estado, tampoco será espurio su nacimiento. Será producto del esfuerzo de todas las sangres y de todas las voces que pueblan nuestra patria para que todos puedan abrazarse y vivir en paz.

DEFENDER A CASTILLO ES DEFENDER LA DEMOCRACIA

 

Luis Enrique Alvizuri

Mayo 2022

Yo no voté por Castillo. Porque soy miraflorino, blanco y pertenezco al grupo dominante del país. Y porque, para personas como yo, solo uno de “mi clase” tiene las condiciones adecuadas para gobernar. Y gobernar significa para nosotros favorecer a los nuestros y a sus negocios. Punto. Así ha sido siempre en el Perú y así pensamos que tiene que ser. Pero, al margen de lo que yo piense y opine, fuera de mis prejuicios (que me los inculcaron desde niño sin preguntármelo) y mis creencias, pienso que la democracia es el procedimiento más justo para dirigir al Perú. ¿Principista, iluso, teórico de escritorio? No. Simplemente he leído la historia y la he vivido, desde la época de Prado pasando por Velasco, Morales Bermúdez, Belaunde, García, Fujimori, Toledo, Humala, PPK y Vizcarra. En todos los casos he notado una cosa específica: cuando no se respetaron los deseos de la gente hemos acabado en dictaduras o en algo peor (incluyendo a Sendero Luminoso).

Esto no quiere decir que, como muchos piensan, la democracia sea “la menos mala forma de gobernar”. Yo creo, por el contrario, que cada nación, cada cultura necesita desarrollar su propia manera de organizarse, la que mejor le acomode. Por ejemplo, los ingleses quieren seguir siendo una monarquía (que no está pintada en la pared como algunos suponen) al igual que Arabia Saudita, mientras que en EEUU prefieren una “dictadura compartida” de millonarios (donde solo dos partidos pueden repartirse el poder, sin dejar ingresar a nadie más), así como en China las cosas van bien con solo partido (el comunista). En pocas palabras, cualquier clase de gobierno, si es la apropiada, es buena para una sociedad. Imponerle a toda la humanidad una sola se llama imperio, colonización, sometimiento, pues lo que a unos les hace bien a otros los mata, como pasa con las medicinas.

En el caso del Perú, donde hemos probado casi todas las recetas, desde la de los conquistadores pasando por la Colonia, el caudillaje militar, las dictaduras y finalmente la democracia, llego a la conclusión que, con todos sus defectos y errores (que los resaltó Platón en su crítica) la democracia es el régimen más conveniente. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un país que fue desarticulado y explotado por la invasión europea, convirtiéndolo en una simple cantera y obraje para su exclusivo beneficio. Esto duró tres siglos, donde la sociedad peruana era racista y clasista, se dividía por biotipos y niveles sociales y estaba al mando de una aristocracia (los mejores) que era la única que podía decidir, mientras que las mayorías solo recibían migajas.

Esta situación, para quienes hemos leído la Historia del Perú, generó un sinfín de levantamientos y revueltas que nunca se detuvieron, ni con la República, puesto que esta solo fue un cambio de manos, ya que pasamos de la administración española a la administración criolla. Los de abajo, los cholos, indios, negros, asiáticos, siguieron cumpliendo las mismas funciones que tenían. O sea, la independencia solo dio voz y voto a la clase media y alta del país. En ella jamás se contempló alguna igualdad ante la ley para los sometidos quienes continuaron siendo la “mano de obra barata” de los adinerados y hacendados. 

Solo con la llegada de Velasco es que esta estructura injusta terminó al eliminarse la propiedad terrateniente y establecerse una educación igualitaria donde “los indios” fueron incorporados a la categoría de “ciudadanos”, algo que a la larga devino en la recuperación de su orgullo e identidad. La difusión de la alfabetización fue un factor clave para que las grandes masas ignoradas y olvidadas adquirieran el conocimiento suficiente para poder participar en las elecciones eligiendo a sus representantes. Pero este camino no ha sido fácil; la primacía de la clase alta limeña permitía que, con el manejo de los medios de comunicación, pudieran imponer a los gobernantes que más les convenía. En ello los mecanismos publicitarios fueron fundamentales para la creación de candidatos que tuvieran las aptitudes ideales para persuadir a la gente de que “iban a gobernar para ellos”.

Es así cómo llegaron al poder personajes que, apenas asumían la presidencia, dejaban de lado sus promesas para inmediatamente aplicar todas las medidas favorables a quienes los habían promovido. De ahí es que surge el refrán de “se sube con la izquierda y se gobierna con la derecha”, que refleja la estrategia de cómo engañar a los más necesitados. Y esto es lo malo de la democracia: el permitir que los más astutos puedan conducirla por donde quieren. Sin embargo, lo bueno de ella es que también da la oportunidad a que, de vez en cuando, el ganador sea alguien que es el que el pueblo desea, aunque este, que suele provenir de las entrañas de los mismos electores, no siempre sea el más idóneo. 

Esto se comprobó con el caso de Fujimori, quien se entrometió en el rumbo del subalterno de la más rancia aristocracia del país: Mario Vargas Llosa. Detrás de él estaba la crema y la nata de los más ricos de nuestra sociedad quienes, desde mucho antes del proceso, se frotaban las manos por los ingentes “negocios” que iban a hacer a costa del Estado. Pero como la cosa era tan obvia la población reaccionó y optó ciegamente por aquel que, en ese momento, se identificaba con las clases inferiores quien, además, se oponía a aplicar las medidas radicales que promovía el laureado escritor. Lo cierto es que al final, ante su incapacidad para asumir la responsabilidad que le tocaba (pues Fujimori solo había postulado para el Senado), no le quedó más remedio que adoptar el plan de Vargas Llosa junto con todos los que lo promocionaban.

A partir de ahí en el Perú hemos estado “buscando un inca”, como decía el historiador Flores Galindo, alguien que sí refleje el interés del pueblo peruano y no el de su clase dominante. Es así que han pasado personajes como Toledo (escogido solo por su cara para que PPK pudiera gobernar detrás de él) y luego Humala, quien también se vendió como “la raza” para luego terminar siendo un simple peón de la CONFIEP. Pero lo que marcó un cambio total fue la elección (forzada y tramposa) de PPK, para luego descubrirse el caso Lava Jato gestado por él. Este fue el puntillazo que determinó la definitiva desconfianza del poblador en aquellos que se decían “políticos” pero que no eran más que ladrones de una mafia creada por empresarios.

Ello determinó, no solo la decepción, sino el rechazo del hombre y la mujer de a pie quienes, en el proceso electoral reciente, vieron cómo los corruptos de toda la vida pretendían perpetuarse mediante las conocidas tácticas comunicativas (prensa, publicidad, encuestadoras, redes, etc.), ante lo cual se inclinaron por quien se hallaba al final de la cola, pero que personificaba al típico peruano al cual constantemente se le han cerrado todas las puertas. Castillo terminó siendo el nuevo outsider, aquel que no estaba destinado a llegar a Palacio pero que, en vez de entregarse a los brazos de la izquierda ideologizada o de la derecha corrupta, prefirió mantenerse en el medio, razón por la cual estos dos extremos desean desesperadamente su caída. Puede que no esté preparado para gobernar, que no tenga ni el abolengo ni la inteligencia de nosotros, los miraflorinos, que no sea el que necesitan los empresarios de Lava Jato, pero él encarna la voluntad popular y, en democracia eso es lo que manda. Si lo sacamos, por las razones que sean, estaremos demostrando que la democracia, la decisión de las mayorías, nos importa un pito, señal que no hemos cambiado nada desde la llegada de Pizarro. Y que tal vez seamos peor que él, que se casó con una andina.