El presidente Castillo, cumpliendo con la formalidad establecida por la constitución y la ley, ha enviado un proyecto de ley al Congreso destinado a incluir en el proceso electoral de gobiernos regionales y locales de octubre, una consulta a la población sobre su acuerdo o rechazo a la conformación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución política para la república. La iniciativa ha sido recibida con pifias, protestas y alaridos por la derecha, que estima que a la constitución fujimontesinista no hay que tocarle ni una letra, sin embargo, a estas alturas ya ha tenido 23 modificaciones constitucionales algunas de las cuales fueron propuestas por los mismos fujimoristas, como fueron los recortes a los derechos de participación ciudadana, que luego, al caer su dictadura en el año 2000, se volvieron a corregir.
Pero en rigor ¿es imprescindible cambiar la constitución fujimontesinista del año 1993? Para nosotros y la gran mayoría del pueblo peruano la respuesta es obviamente sí. Cambiar la constitución política del estado es fundamental. No solo por el prurito de sacudir de nuestra legislación y sobre todo de nuestra historia los resabios de un gobierno corrupto, criminal y nefasto, como lo fue el de los hermanos gemelos Fujimori y Montesinos, similar al de A. Pinochet en Chile o al de R. Videla en Argentina, sino porque el modelo neoliberal que se impuso a nuestro país con esa carta magna del 93, hacen inviables nuestros esfuerzos por salir de la pobreza, que las grandes mayorías tengan servicios públicos de calidad como la educación, la salud, el agua potable, vivienda digna, carreteras amplias y seguras etc., impidiendo de esta manera que podamos asegurar un futuro con equidad y justicia para todos.
Las fuerzas de la derecha, sus medios de comunicación, sus periodistas de radio y televisión dicen que esperar que con un cambio de constitución se puedan lograr mejores condiciones de vida es una mentira, o en el mejor de los casos una ilusion. Los millones de peruanos No decimos que la mentira es suponer que con el neoliberalismo saldremos de la pobreza. Veamos un par de ejemplos que nos lo demuestran. Hace unas pocas semanas señalamos que es fundamental para el Perú desarrollar una empresa pública que explote los grandes yacimientos de cobre que poseemos. Las reservas de este mineral, que es clave para el desarrollo de todos los países, es de 92,000 millones de toneladas de cobre, cuyo valor de mercado hoy en día, calculado a grosso modo, es de por lo menos 600 mil millones de dólares, a razón de 4.5 dólares la libra. Sin embargo, Goldman Sachs, una de las empresas más calificadas en análisis de inversiones en el mundo, dice que “El metal rojo alcanzaría una nueva marca histórica dentro de 12 meses, para seguir en una racha alcista que lo llevaría a US$6,8 la libra en 2025” Es decir, estimados lectores, según este criterio el valor de las reservas de cobre del nuestro país crecerá en un 50 % adicional hasta el año 2025, esto significa que estas reservas valdrán más de un billón de dólares en el año 2025 y esto es sin contar el incremento de la demanda por cobre derivada de la actual guerra en Europa Oriental.
La pregunta es entonces: ¿A quién beneficiará esta enorme riqueza?Nosoesta riqueza debe beneficiar exclusivamente al Perú y para eso debemos crear una empresa pública que explote este recurso que la madre naturaleza nos ha proporcionado y no que se vaya a beneficiar a las empresas multimillonarias transnacionales o la República de China que tiene mucho más que toda América Latina junta. Sin embargo, esta propuesta que parece muy lógica no es compartida por muchos congresistas, muchos empresarios nacionales, muchos políticos de partidos tradicionales. Sin embargo, para que nuestra propuesta sea posible de ser ejecutada y la riqueza del cobre financie el desarrollo del país, tiene que haber un cambio constitucional pues la constitución fujimontesinista que gobierna nuestro país impide que el Estado pueda constituir empresas, si existen empresas privadas que realizan el trabajo. Como las empresas extranjeras y nacionales ya explotan el cobre para su propio provecho, el Estado, según la constitución vigente, no podría constituir una empresa pública que se encargue de ello. Ergo, sino se tiene una nueva constitución, todo este inmenso recurso no beneficiará al país. Se irá al extranjero. Esta oscura realidad continuará vigente sino cambiamos la Constitución.
Lo que señalo no solo está pasando con los yacimientos de cobre. Está pasando con todos los yacimientos mineros del Perú. Según la Sociedad de Minería, en el año 2021 las empresas mineras habrían pagado 12 mil millones de soles de impuestos, es decir algo más de 3 mil millones de dólares. Sin embargo, alrededor de 800 millones de dólares corresponden al pago de sentencias judiciales dictadas a favor de la Sunat que corresponden a períodos o años anteriores, por lo que para nuestro ejemplo podemos decir que las empresas mineras que operan en el Perú habrían pagado unos 2200 millones de dólares en impuestos al fisco en el año 2021. En ese mismo año las exportaciones mineras, según la misma fuente, fueron de más de 39 mil millones de dólares. Podríamos decir entonces que las empresas extranjeras dejan en el Perú 5 dólares por cada 40 dólares que se llevan, sin embargo, la verdad es que lo que se llevan después de refinado será mucho más valioso. Solo un cambio de la constitución puede permitir que una empresa pública pueda realizar estos procesos en el Perú, permitiendo que la riqueza nacional beneficie a los peruanos y no a los consorcios extranjeros. Las empresas extranjeras nunca crearán procesos de agregación de valor en nuestro país pues sus refinerías y fábricas que industrializan el cobre u otros minerales no están en el Perú. Solo una empresa nacional pública estará interesada en crear este recurso en el Perú con la consecuencia de incrementar el valor agregado con nuevos procesos productivos, crecimiento de la mano de obra contratada, y la creación de riqueza consecuente.
Como hemos visto en estos ejemplos de lo que está ocurriendo en nuestra patria, la parálisis del estado en la defensa de nuestros recursos naturales, debe ser corregida mediante una nueva Constitución y todos los peruanos de buena voluntad tenemos que decirlo con claridad y repetirlo mil veces, pues la prensa nacional está vilmente parametrada y buena parte de la población no se llega a enterar de la verdad. Solo una nueva constitución permitirá que los peruanos puedan gozar de su propia riqueza. Solo así el estado podrá tener los recursos necesario para nuestro desarrollo. No es cierto que las empresas públicas sean un fracaso como afirman los detractores interesados. Ahí tenemos por ejemplo al Banco de la Nación, que crece de manera sistemática y no crece más, por ejemplo, dando préstamos a la población o créditos de consumo a tasas de interés razonables, precisamente porque la constitución fujimontesinista no lo permite. Ellos dicen que si se convoca a una Asamblea Constituyente se creará incertidumbre económica y eso no es cierto tampoco. Nadie piensa en las ideas obsoletas de cerrar los mercados o estatizar los comercios como se dice en algunos medios. De lo que se trata es de poner a disposición de todos los peruanos la riqueza de nuestros recursos naturales, que hoy están entregados al poder extranjero, este mismo poder que desde los albores de la república los ambiciona, que organizó la guerra del pacífico para apropiarse del guano y del salitre y hoy nos arrebata la riqueza de los minerales, con la complicidad de los políticos de derecha y los medios de comunicación que, como se ha visto en tantos vladivideos, no dudan en vender su línea editorial por paquetes de dinero mal habido.
Sabemos que tenemos una dura tarea por delante, pero lograremos nuestro propósito. La nueva constitución no será producto de un golpe de estado, tampoco será espurio su nacimiento. Será producto del esfuerzo de todas las sangres y de todas las voces que pueblan nuestra patria para que todos puedan abrazarse y vivir en paz.
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