A casi un mes de emitidos los cuestionados y polémicos decretos de urgencia 001 y 002, el Consejo de Ministros decidió derogar parcialmente estos dispositivos en el extremo que flexibilizaba la exigencia del estudio de impacto ambiental (EIA) en 33 megaproyectos de inversión pública.
Según explicaron los titulares de la Producción, Jorge Villasante, y Justicia, Rosario Fernández, la parte derogada corresponde al numeral 5.3 letra “a” del decreto de urgencia 001. Este a la letra dice “que las certificaciones ambientales no serán requisito para la obtención de las autoridades administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”.
Sin efecto
Al respecto, Villasante sostuvo que algunos presidentes regionales creían, según dijo debido a informaciones distorsionadas, que se había eliminado los EIA y que ya no eran exigibles para la ejecución de los 33 proyectos de infraestructura.
“Si esa era una preocupación de los gobiernos regionales, el Ejecutivo decidió, en un gesto de amplitud y de una actitud dialogante, dejar sin efecto esa parte específica del referido decreto de urgencia”, señaló.
Por su parte, la ministra Fernández indicó que, la derogatoria parcial se complementa con dos dispositivos que el Ministerio de Economía y Finanzas presentará en 10 a 15 días para acelerar la entrega de los proyectos que el gobierno pretende adjudicar a sectores empresariales amigos, según diversas denuncias.
Uno de ellos, adelantó, permitirá acelerar los trámites del SNIP y el otro será un nuevo reglamento del DL 1012, relacionado a las asociaciones público privadas, para una mayor agilización de trámites.
Fernández dijo que las autoridades regionales han podido verificar que los decretos fueron hechos con absoluta buena voluntad y para beneficiar la gestión que recién empieza. Sin embargo, los gobiernos regionales exigen la derogación total de los decretos.
En sus trece
Ante el requerimiento de LA PRIMERA, de por qué no se han derogado totalmente los decretos, tal como lo han pedido diversos sectores de la sociedad, Villasante refirió que ese pedido ha sido impulsado “por algunos candidatos presidenciales” con la intención de impedir que el gobierno tome decisiones.
“El gobierno ha sido elegido y tiene mandato que fenece el 28 de julio, al momento de la transferencia al nuevo gobierno elegido y no se le puede pedir que deje de cumplir sus funciones de impulsar el desarrollo, que por lo demás están traducidos en indicadores económicos que hoy celebra el país”, expresó.
Las últimas semanas, ambos decretos recibieron el rechazo de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, la CGTP, Confiep, organizaciones medioambientales, así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Al respecto, el constitucionalista Eduardo Garibotto –quien ha presentado una acción de amparo contra los decretos-, señaló que el gobierno ha cedido ante la presión de los sectores antes nombrados, así como las impugnaciones planteadas ante el Congreso y el Poder Judicial.
Consideró que la elaboración de un estudio de impacto ambiental, con todos los pasos para consecución, demora entre uno y tres años.
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