El Megafaenón de la Subasta del Perú en un gobierno de salida

El gobierno ha dictado en enero 2011 los DU 001 y 002, en una desbocada carrera para subastar los ejes estratégicos de la Nación. García atropella la Constitución, viola las leyes, subvalúa activos, anula exigencias ambientales, organiza sumarios procesos corruptos, para entregar la nación a sus amigotes corruptos, en su afán por imponer una estrategia geopolítica de subordinación portuaria-energética-productiva.

Quiere remachar lo que en estos años de gobierno neoliberal ha impuesto entregando irregularmente a empresas “amigas” centros claves, en especial al grupo navieroportuario Chileno, comandado por Neptunia, en infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, cabotaje marítimo), y al grupo dirigido por Repsol-Hunt en gas y petróleo, especialmente la exportación del gas de Camisea.

Este DU 001-2011 no tiene sustento constitucional, pues no existe la emergencia que lo justifique. A su amparo, el gobierno no pretende hacer obra sino suscribir contratos tramposos para proyectos improvisados, con grupos privados que se presten a la corrupción. les ofrece contratos-ley, mojados con la corrupción y el dinero publico malhabido, para regarles más de 15 mil millones de dólares del Estado. Plantea rematar 30 grandes proyectos de infraestructura estratégica de la nación, en puertos, aeropuertos, gasoductos, carreteras, fibra óptica, banda ancha, entregándolos irregularmente por 30 años. Busca desesperadamente imponer el anticonstitucional Monopolio/Duopolio en el Terminal Norte del Callao y Subastar todos los puertos públicos de Enapu (San Martín-Pisco, Yurimaguas, San Juan de Marcona, Iquitos), entre otras infraestructuras estrategicas sacadas a ilegal subasta.

Para este fin los DU 001 y 002 del 2011, diseñan un corrupto Sistema de Subasta, solo comparable con las mayúsculas corruptelas de los consignatarios del guano en el siglo XIX y la privatización del Fujimorismo a fines del siglo XX.

Anula todas las normas públicas legales obligatorias de los procesos de bienes e inversión publica, sin tener facultad para hacerlo. Se regala el dinero público, comprometiendo montos superiores a 15 mil millones de dólares, al darlos como “co-financiamiento” subsidiando con dolo a proyectos imprecisos, y establece que este “co-financiamiento” del Estado solo requerirá “estudios de prefactibilidad”. Anula las certificaciones ambientales como requisitos previos para inversiones, adjudicando los proyectos sin ellas, las que solo serán exigidas una vez adjudicados y para el inicio de obras, acabando de esta forma con el control ambiental que manda la ley. Se transfiere a los concesionarios a titulo gratuito, los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo los de las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta, en un saqueo y subvaluacion general de los bienes públicos. Obliga ilegalmente a Registros Públicos a registrar la inscripción de los “nuevos bienes” con la sola presentación de la solicitud del concesionario y el DS del sector autorizando. Establece que el Estado podrá imponer las servidumbres forzosas, en forma arbitraria y sin justificación legal, afectando a los titulares de los respectivos bienes privados y públicos. Entrega ilegalmente a los cinco Ministros de Proinversión, que asuman todos los procesos, sin control efectivo de la contraloría, los organismos regulares, la ciudadanía, con procedimientos arbitrarios, sin estudios técnicos económicos de los proyectos ni propuestas, diseñándolos a discreción y a pedido.