¿TERRORISTAS EN EL CONADIS?

POR RODOLFO AGUILAR MACHUCA durante el año 2012 el presidente de la república manifestaba en diversos medios de comunicación ,”que hay que ser ingenuos para creer que los terroristas han cambiado”, motivo por el cual sostenía que ESTOS PERSONAJES de ninguna manera PUEDEN TRABAJAR en el sector educación. Se debe recordar que durante la época del terror se llevó a cabo un Genocidio donde murieron más de 25 mil peruanos como resultado de la insanía terrorista de Sendero Luminoso. Al respecto la Ministra de Educación de entonces, Patricia Salas en declaraciones ante el programa Buenos Días Perú, expresaba su sorpresa al conocer que más de 800 profesores sentenciados por terrorismo se encontraban trabajando en el magisterio, como resultado de haber sido contratados durante los Gobiernos anteriores. Ante dicho escenario, el gobierno promulgó en enero del año 2013 la ley 29988 y los procedimientos de contratación de profesores, mediante la resolución Ministerial 023-2015 del Ministerio de Educación, donde se establece que las personas sentenciadas por los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, serán separados, destituidos e inhabilitados definitivamente del servicio en las instituciones educativas de educación básica, en los centros Educativos técnico productivos, en los institutos o escuelas de educación superior, en las escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados, y en general, de todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Bajo esta norma, el director de la institución educativa tiene la facultad de tomar medidas preventivas y separar al profesor que tuviera alguna denuncia administrativa o judicial por los delitos referidos, informando inmediatamente a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente. Siendo que el incumplimiento de estas disposiciones constituyen infracciones graves. Pese a la opinión del Presidente de la república sobre los terroristas y la normativa vigente en esta materia, tanto el presidente interino del CONADIS Sr. Fernando Bolaños Galdós y la Secretaria General Abogada Cecilia Barbieri Quino, han ignorado no solamente la opinión presidencial, sino que además han infringido la legislación en esta materia porque han hecho precisamente todo lo contrario. puesto que decidieron contratar como director para el Centro Educativo técnico productivo (CETPRO) para Personas con discapacidad situado en el Callao al profesor Gerardo Lizarzaburo Robles, quien fuera detenido el 31 de mayo del año 1990, sentenciado más tarde por jueces sin rostro a 10 años de prisión por delito de Terrorismo, siendo uno de los sobrevivientes del asalto de las fuerzas armadas al penal Castro Castro, realizado entre los días del 6 al 9 de mayo de 1992. Se debe recordar que la abogada Cecilia Barbieri durante el concurso público de Méritos realizado en el mes de mayo, tuvo a su cargo la presidencia del Comité Evaluador que para la selección de los postulantes para ocupar el cargo de la Dirección del CETPRO para ser declarados aptos se les debió requerir el certificado de antecedentes penales, de manera tal que es una de las responsables de la ilegal contratación, medida administrativa que constituye una infracción grave que transgrede lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 29988. Pero resulta que el presente caso no es el único que viola el Estado de derecho por parte de las principales autoridades del CONADIS, porque al mismo tiempo vienen desacatando la sentencia judicial emitida por el Tercer Juzgado Civil de la ciudad de Trujillo que ordena la reposición en su trabajo al Abogado Invidente Juan Antonio abanto Rodríguez, a pesar de que la sentencia ha sido consentida desde el mes de enero del presente año, luego que fuese declarado infundado el recurso de Nulidad presentado por el Procurador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y después de haberle notificado al Presidente Interino Fernando Bolaños hasta dos apercibimientos incluido una multa equivalente a tres URP, exhortándole para que cumpla con el mandato judicial. Asimismo, al Viceministro Fernando Bolaños y a la abogada Cecilia Barbieri Quino, tampoco les ha temblado la mano para dejar sin empleo a servidores con Discapacidad como son los casos del Profesor Percy Ollola quien laboraba como Coordinador del CONADIS en la ciudad de Tumbes quien es una persona con Discapacidad física. asimismo, a los profesionales invidentes Hugo Lastra Morales y Luis Hernández Patiño, haciendo caso omiso a lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la Persona con Discapacidad que obliga al estado garantizar la protección y continuidad en el empleo de una Persona con Discapacidad. A las autoridades del CONADIS no les ha interesado que los mencionados servidores con discapacidad, ahora se encuentren bastoneando sin trabajo o pateando lata, mientras que el Profesor Gerardo Lizarzaburo condenado por delito de terrorismo se encuentre feliz percibiendo un sueldo de 8 mil soles mensuales. Tampoco les ha interesado la Opinión del Presidente de la República cuando afirma “que ahora no se trata de despedir a los Servidores CAS, por el contrario se debe fortalecer sus capacidades y sus competencias para mejorar la calidad de sus servicios”. Por último, se debe poner en conocimiento de la opinión pública, que en la última reunión que tuvo la Ministra Marcela Huayta alegre con los representantes de las organizaciones de las Personas con Discapacidad, realizada el día 15 de Julio, en la presencia del Congresista Manuel Dammert Ego Aguirre se le hizo conocer la contratación del Profesor Gerardo Lizarzaburo Robles sentenciado por delito de terrorismo, pero que al parecer hasta ahora no ha sucedido nada porque continua feliz trabajando en el CETPRO del callao. Finalmente, la abogada Cecilia Barbieri quino por las infracciones cometidas, debería presentar su renuncia irrevocable o en todo caso el Consejo directivo Nacional del CONADIS, se encuentra en la obligación de destituirla de su cargo para no proteger la comisión de los atropellos a los derechos de las Personas con Discapacidad. Otro tanto debiera hacer el Presidente de la república con el viceministro de poblaciones vulnerables y Presidente Interino del CONADIS Sr. Fernando Bolaños Galdós, de lo contrario se estaría sentando pésimos precedentes en materia de derechos de la Persona con discapacidad, que obligan a los representantes de la Sociedad civil con Discapacidad a elevar las denuncias correspondientes ante el Comité de las Naciones Unidas encargado de vigilar que los estados cumplan con la aplicación de la Convención sobre los derechos de la Persona con Discapacidad. A todos estos abusos ¿Qué dirá la comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la república?