Azucareros inician huelga indefinida

La Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), confirmó el inicio de la paralización de actividades en los ingenios azucareros de Pomalca y Tumán desde el día de ayer, que en conjunto producen el 20 por ciento de la producción nacional de azúcares, es decir unas 15 mil bolsas de 50 kilogramos cada una.



Los trabajadores acordaron suspender sus labores y paralizar los ingenios de Pomalca y Tumán protestando contra el presidente Alan García Pérez, quien se negó a rubricar la ley de Protección Patrimonial de la Industria Azucarera.

La ley rechazada por el presidente García impide por un año que un acreedor particular pueda embargar los bienes y los dineros de las empresas azucareras.

También protestan por el remate de las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Cayaltí SAA, que es administrada por la estatal Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE), y que habría sido endeudada por 160 millones de soles, por presuntos malos manejos de la empresa estatal.

Demetrio Ruiz Ríos, secretario general de la FTAP aseguró que desde el sábado pasado un grupo de trabajadores inició una huelga de hambre en demanda de soluciones a sus reclamos. Asimismo, señaló que otro grupo de trabajadores conformó el Comité Central de Defensa Patrimonial para impedir los embargos de acreedores privados, varias de cuyas acreencias son cuestionadas por los trabajadores, debido a su sospechoso origen.

El gerente de Pomalca, Antonio Becerril, propuso la formación de una mega empresa azucarera integrada por Pomalca, Tumán y Cayaltí, cuya primera acción será sembrar cinco mil hectáreas en Cayaltí para iniciar su relanzamiento, en lugar del remate de sus tierras que está planteando el Estado a través de ProInversión, y que comienza con la venta de las acciones que el Estado posee en ella.

Becerril estima que cuatro años son suficientes para estabilizar la empresa y comprar un nuevo ingenio, ya que el que tuvo fue vendido como chatarra por administraciones anteriores.

También denunció que el verdadero interés que hay para desestabilizar a la industria azucarera de Lambayeque es la venta de sus tierras, “ya que ahora cada hectárea está valorizada en 35 mil dólares. Los trabajadores buscan que en Cayaltí no suceda lo de Chiclín, que fue rematada y mil hectáreas fueron compradas por Laredo (empresa Manuelita de Colombia) y las otras mil fueron compradas por Cartavio (hoy propiedad del Grupo Gloria) y los trabajadores se quedaron en la calle.

Becerril denunció que el gobierno acaba de extender por cinco años más la exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas aéreas nacionales para apoyar su desarrollo, “entonces por quéd cierra las puertas a la industria azucarera, de la que dependen cincuenta mil familias”, dijo.

“Si el crecimiento de la industria azucarera sigue su ritmo ascendente es la hora que se plantee un canon azucarero, para que de las decenas de millones de soles que se pagan por impuestos, parte importante de ellos se queden en Lambayeque para el Gobierno Regional”.

“Nuestras planillas mensuales para trabajadores activos, jubilados y viudas, suman ahora más de nueve millones de soles y se pagan puntualmente”, recalcó el representante de Pomalca, asegurando que el modelo empresarial, trabajador-inversionista privado, beneficia a ambas partes.

Callao, frenesí de corruptela contra la soberanía nacional

El año 2011 se inicia en pocos días. Es un año clave en la historia de nuestra patria. La farra del fin de gobierno es inmensa, solo comparable a la de la era del guano y al saqueo de la autocracia fujimontecinista. La corrupción es el método, con el emblema: “La plata viene sola”. La improvisación e ilegalidad es la forma. Los recursos públicos son el objetivo siniestro. La soberanía nacional, es la afectada.



Están al martillo del gobierno los puertos públicos, empezando por Callao y Paita, para implantar un monopolio naviero portuario Chileno. El gas de Camisea, ampliando la ilegal exportación de reserva estratégica energética en manos del monopolio exportador. Las acciones estatales en las azucareras, pretendidas por el neolatifundio. Los bosques amazónicos para su depredación extractivista por un puñado de empresas transnacionales. Las acciones en bolsa, entregadas a la especulación financiera, de timberos globales. Los lotes de Hidrocarburos y áreas de yacimientos mineros, para enclaves que arrebatan agua, suelo y energía a otras actividades nacionales (agro, industrias, ciudades). Los fondos fiscales, de reservas y presupuestales, para redividas presiones por especulativas y fabricadas deudas de “reforma agraria”, deudas “urbanas” creadas por Cofopri, deuda de supuestos propietarios de Machupichu, entre otros.

Son las decisiones políticas del gobierno, las que imponen este singular frenesí de corruptela que inunda a la nación. Existe una amplia y plural resistencia, que de sectorial se manifiesta también en la esfera política. El continuismo neoliberal pretende que la campaña electoral, de escasos tres meses, sea por “cuerdas separadas”, cerrada la economía a subasta privada, y la política reducida a espectáculo. La población se moviliza y responde, ya no solo con resistencias sectoriales, sino uniendo amplios movimientos sociales y politicos.

El gobierno arremete para liquidar Enapu y privatizar desnacionalizando nuestro megapuerto del Callao. El gobierno ha sido denunciado y estaáarrinconado. Pero pretende subastar de todos modos. Los empresarios exportadores de Adex y Apam, han ampliado sus críticas sustantivas, y reclaman que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el tema. Ositran, el organismo regulador, señala que no se cumple las reglas básicas, no existiendo modelo económico de la convocada concesión por Proinversion. El Ministro MTC anuncia que habrá una nueva versión final, la final-final, al proyecto, pues se variaría el factor de competencia, diseñado para el grupo naviero portuario Chileno, pero nada cambia. El sepulturero de Enapu dice que con solo el 16,5 % de utilidades de la “Participación”, quiebra Enapu, y todo sigue igual. Lo único que hace Proinversion es ampliar el plazo para la inscripción de postores, dando aire a la sociedad de Ports of America ( vinculada a DPW) y Neptunia ( buque insignia del grupo naviero portuario Chileno).

El gobierno, se ve obligado a postergar sin fecha la buena-pro anunciada para el 17 de enero, pero continua con la pre-calificación de postores del 6 hasta el 20 enero 2011. Sigue con esta inmensa corruptela contra la soberanía nacional. Los portuarios han convocado al país a defender la soberanía: el 10 de enero 2011 se hará la Conferencia Nacional Portuaria, uniendo a todo el Perú contra la corrupción y los vendepatrias.

Azúcar Amarga

El proceso de transferencia de la propiedad de las empresas azucareras a inversionistas privados ha estado plagado de irregularidades. Basta ver los conflictos entre los grupos Wong y Bustamante sobre la propiedad de Andahuasi y entre los grupos Oviedo y Gloria sobre Cayaltí, Pomalca y Tumán. Estos conflictos han comprometido al APRA y a la Junta Nacional de Usuarios: ambos apoyan al grupo Oviedo. Éstos, a su vez, acusan a ProInversión de apoyar al Grupo Gloria.



Uno de los atractivos de ‘capturar’ las empresas azucareras es la posibilidad de producir etanol, cuyo consumo nacional e internacional va en aumento. Gracias al TLC con los EEUU, el etanol puede ser exportado a ese país libre de aranceles.

Recordemos cómo hemos llegado a la situación actual. Antes de la reforma agraria las haciendas más grandes y modernas de la costa eran las plantaciones agroindustriales azucareras. En ellas trabajaban más de 30 mil personas. La mayor parte vivían con sus familias en pueblos al interior de las empresas. Existían poderosos sindicatos. Los propietarios –nacionales y extranjeros- eran llamados los ‘barones del azúcar’.

El mismo día que el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria -24 de junio de 1969-, intervino las plantaciones azucareras. Las expropió y adjudicó tierras e instalaciones a cooperativas agrarias de producción, creadas para tal efecto. Es así como los trabajadores llegaron a ser los propietarios. Cada uno tenía sus ‘certificados de aportación’ que difícilmente podían ser transferidos a terceros.

Por diferentes razones, la administración de estas cooperativas fue deficiente. Acumularon grandes deudas con privados y con el Estado. A partir de 1996 el gobierno de Fujimori decidió poner fin a esta situación dando leyes que introdujeron dos cambios muy importantes: la conversión de las cooperativas en sociedades mercantiles (con lo cual los certificados de aportación se convirtieron en acciones, fácilmente transferibles a terceros), y la capitalización de las deudas al Estado (con lo cual éste se convirtió en copropietario). El siguiente paso fue la venta de las acciones del Estado a inversionistas. Algunos ex cooperativistas también vendieron las suyas. Es así como los grupos Wong, Manuelita (Colombianos), Gloria, Oviedo, Huancaruna, Michell accedieron a la propiedad de estas empresas.

El proceso aún no culmina. Los grandes perdedores son los trabajadores. Aunque es cierto que en algunos casos están ahora mejor que en los últimos años como cooperativas, también es cierto que han ido perdiendo la propiedad en un proceso poco transparente.

La crisis financiera global está lejos de pasar y puede golpear al Perú

Al terminar el 2010, los superficiales análisis televisivos internacionales han transmitido la percepción de que lo peor de la crisis financiera global ha pasado.

En verdad esta percepción es, como se dice en inglés, puro wishful thinking (dar por cierto lo que uno desea) porque en los Estados Unidos y Europa se mantiene un récord histórico de Desempleo. También pasa casi lo mismo en los países emergentes.

No puede haber salida de la crisis con decenas de millones adicionales de desempleados en el mundo después del 2008.

La crisis financiera no ha pasado, al contrario hoy estamos presenciando una preocupante guerra monetaria -entre Estados Unidos y China- que está creando efectos económicos nocivos en los países en desarrollo como el Perú.

Uno de estos efectos es la creación de un flujo abundante de hot money hacia los países en desarrollo, es decir, un ingreso abundante y temporal de dólares en busca de mejores intereses, que está afectando la tasa de cambio y haciendo perder competitividad a las exportaciones de estos países. Brasil, Chile, China y Corea del Sur ya han comenzado a poner medidas contra este flujo.

A todo esto se suma ahora un nuevo aumento de los precios del petróleo y de los alimentos en las bolsas. Un alza que no obedece a la oferta y la demanda sino a jugadas especulativas efectuadas en casino financiero global para protegerse contra la devaluación del dólar.

Esta especulación sobre los precios del petróleo y los alimentos es uno de los efectos más nocivos de la crisis financiera global. Un alza creciente de los precios de estos productos puede crear grandes turbulencias sociopolíticas, en los países que son importadores netos de petróleo y alimentos, y que además tienen elevados índices de pobreza como el Perú.

Por otro lado, el Desempleo, la caída de los ingresos y del consumo, en los Estados Unidos y en Europa, han afectado duramente las exportaciones de la China que ha caído considerablemente después de 30 años de imparable crecimiento. Esto va afectar la importación de insumos para la industria china como son nuestras exportaciones mineras. Así, el crecimiento económico del Perú, que no se ha debido a un cambio tecnológico de sus exportaciones (verdadero desarrollo) sino a una bonanza minera, ya no será como antes, debido a que ahora la crisis afecta a China que es el país que más minerales importa en el mundo.

Entonces, es posible que este año comencemos a confrontar un alza de los precios de las importaciones del petróleo y de los alimentos y al mismo tiempo suframos precios más bajos para los minerales. La verdad es que al próximo gobierno le quedara poco tiempo para lograr una mejor distribución de la renta minera porque la bonanza será cada vez menor.

Otra vez la historia del guano, del caucho y de la harina de pecado, pero la diferencia ahora es que somos un país de casi 30 millones, con 39.3% de pobreza, con mucho narcotráfico y delincuencia, con poco acceso al agua y sin seguridad alimentaria y energética.

Si la paz social ha sido precaria en el Perú, a pesar del alto crecimiento del valor de nuestras exportaciones, ¿qué pasará cuando baje el valor de éstas y suban los precios del petróleo y los alimentos?

Fiscal tiene pruebas contra Keiko

Ministerio Público sospecha que hija de Fujimori no sólo se benefició con pago de sus estudios, sino también, de haberse favorecido con otros abultados montos que no estaban destinados a su Educación.

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, logró reunir una serie de pruebas que comprometen a la candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, como cómplice del delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de los cheques a su nombre girados por su padre, depósitos que realizó en efectivo en Nueva York, peritajes contables y hasta testimonios que la acusan.

En los seis meses de investigación, la titular del Ministerio Público y su equipo establecieron que la hija del ex presidente Alberto Fujimori recibió de éste, en 1999, dos cheques de gerencia del Banco Continental (N° 00000511 y 00000512) por US$ 83,687.50 cada uno, y que con ese dinero abrió la cuenta cifrada N° 5408704105 en el Citibank de Nueva York.

Así lo señalan los documentos del caso que hoy LA PRIMERA presenta en exclusiva, en los que se hace referencia a peritajes contables que llevan a la conclusión de que los gastos de Educación de Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro, Kenji y Sachie costaron US$ 354,881 y, además, hubo un desembolso de US$ 453,600, en viajes, estadía y alimentos y de US$ 109,000 en alquiler de viviendas en Estados.

El expediente indica, además, que otro monto entregado a la investigada ascendería a US$ 527,375, cuyo destino se desconoce, por lo que la candidata de Fuerza 2011 tendrá que responder ante la fiscal Echaíz cuando sea citada por segunda vez, ya que no concurrió a LA PRIMERA convocatoria, que se le hizo en octubre.

Las abultadas cifras generaron en la Fiscalía las sospechas de que no sólo se benefició con el pago de sus estudios, sino que pudo tener dinero a disposición tras culminar su Educación. Por ejemplo, los cheques que le giró su padre y la cuenta del Citibank (1998/1999) son posteriores a su paso por las universidades State University y Boston University (1993/1997).

Esta investigación por complicidad en enriquecimiento ilícito no sólo alcanza a Keiko Fujimori sino también a sus hermanos Hiro, Kenji y Sachie. Esto a pesar que la hoy candidata Fujimorista es la que manejaba la mayor parte de los fondos de la Educación de los cuatro.

La casa de Pinerolo
La venta, en 1998, de la casa de Alberto Fujimori, ubicada en el pasaje Pinerolo, ha sido siempre uno de sus argumentos para justificar los gastos de los estudios de sus hijos. Sin embargo, como ya se mencionó, este inmueble fue supuestamente vendido dos años antes de culminar su gobierno, y un año después de que Keiko Fujimori terminara sus estudios universitarios.

Al respecto, los documentos de la Fiscalía sostienen que se determinó que el 30 de diciembre de 1998, Fujimori instruyó al entonces secretario de la presidencia, José Kamiya Teruya, para que en su nombre cobrara en el Banco Continental un cheque por US$ 334,340.00.

Asimismo indica que se detectó que Fujimori entregó un segundo cheque del Banco Continental a Kamiya por US$ 334,754.00 solicitándole que sea cambiado por cuatro cheques de gerencia repartidos en cantidades iguales e indicándole que eran para cada uno de sus hijos.

Según las declaraciones de Kamiya, el ex presidente Fujimori le manifestó que el dinero que le entregó provenía de la venta de un inmueble ubicado en el pasaje Pinerolo, en Surco.

Sin embargo –de acuerdo a las pesquisas a que hace referencia el documento de investigación a Keiko Fujimori–, esa versión no fue corroborada por los supuestos compradores del inmueble, Luis Carrera y Jaime Guerinoni, titulares de la firma Ingenieros Edificadores S. A (Ingedsa), que ofrecieron declaraciones contradictorias.

“De esta forma cobró fuerza la versión de Vladimiro Montesinos, en el sentido que dicha venta fue sólo un acto simulado por el ex presidente Fujimori con la finalidad de justificar a futuro el pago de los estudios de sus hijos en el extranjero, acotando que los estudios fueron pagados mensualmente con dinero de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo en varias ocasiones remitidas directamente a su hija Keiko a través del agregado (de la Embajada del Perú) en Nueva York, Luis Salazar Monroe”, señala el documento de investigación 108-2010.

Los testigos
Pero no sólo Montesinos declaró contra Keiko Fujimori desde el 2001; también lo hicieron la ex secretaria de éste, María Angélica Arce Guerrero y su ex asistente, Matilde Pinchi Pinchi. De acuerdo a las declaraciones judiciales de Arce Guerrero, tomadas el 18 de julio de 2003, ella fue testigo de cómo Montesinos le entregó plata en efectivo a la hoy candidata presidencial.

“La declarante sí ha presenciado a Vladimiro Montesinos Torres entregando dinero en efectivo a Keiko Fujimori. Aunque la cantidad no era muy alta, que le dio dinero, le dio”, dijo Arce Guerrero.

Entre tanto, Matilde Pinchi Pinchi afirmó en su testimonio de 2003 que Montesinos transfería dinero a una cuenta de un banco de Panamá, para los hijos de Fujimori.

De otro lado, entre las versiones de la propia Keiko Fujimori, figura la que ofreció a la comisión Waisman el 2001 cuando dijo que su padre le daba en la mano y en efectivo, en Palacio de Gobierno, el dinero para pagar sus estudios en las universidades, donde cursó desde 1993 a 1997.

Ante la comisión Townsend, el 2002, sin embargo, Keiko dijo que su padre financió sus estudios con la venta del inmueble del pasaje Pinerolo. Esa venta, como ya se ha dicho, se produjo en 1998; es decir que el dinero producto de la venta no pudo servir para pagar sus estudios.

En consecuencia, no sólo hay elementos de prueba contra la candidata presidencial, sino también el contundente requerimiento de que responda a la población y a la Fiscalía por los serios cuestionamientos y acusaciones por enriquecimiento ilícito en su contra.

Ex ministro Hernani desconfía de Dirandro

El ex ministro del Interior Remigio Hernani opinó que será muy difícil reunir las pruebas para señalar que la interceptación telefónica a determinadas personalidades proviene de la Dirección Nacional AntiDrogas, como lo denunció el ex congresista Xavier Barrón, pero no puso las manos al fuego por la Dirandro.



Consideró la posibilidad de que algunos malos agentes antiDrogas, que tienen a su cargo los aparatos de interceptación que legalmente tiene la Policía, pasen por alto la ley y les den un uso ilegal.

“Lamentablemente no se les puede probar nada, ni señalar nombres, la Dirandro se supone que trabaja bajo orden judicial, pero de ahí a que siempre suceda así no se puede asegurar, pueden hacerlo por lo bajo. Pero de que hay operaciones ilegales, siempre existen, pero no hay evidencia para probarlo”, explicó.

Y sobre la interceptación telefónica a la lideresa del PPC, Lourdes Flores, señaló que es más probable que sus comunicaciones telefónicas hayan sido interceptadas por sus rivales políticos, pues existen diversas empresas que cuentan con equipos para realizar ese tipo de operaciones.

Habla Hidalgo
Por su parte, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, reiteró su rechazo a la denuncia de Barrón, quien afirmó que algunos agentes de la Dirandro serían responsables de la interceptación telefónica que sufrió Lourdes Flores, durante la campaña municipal.

Hidalgo insistió en que Barrón debe presentar las pruebas que sustenten su denuncia sobre supuestos malos elementos de la Dirandro que estarían incurriendo en prácticas de chuponeo telefónico.

“Tenga la plena seguridad la ciudadanía que en el Estado y la Policía Nacional estamos utilizando medios de interceptación telefónica simplemente para investigar actos del crimen organizado y con orden judicial. Nos mantenemos dentro de los parámetros de la ley. Mi comando y la conducción del sector jamás vamos a permitir que la Policía esté actuando fuera de la ley”, expresó.

“Habrá un pronunciamiento detallado de la Policía Nacional y de la Dirección AntiDrogas sobre lo manifestado por el señor Barrón”, sostuvo el titular del Interior. Agregó que la investigación del chuponeo del que fue víctima Flores Nano se desarrolla con prontitud y va “por buen camino”, dijo finalmente.

General Morán
Para el jefe de la Dirección Nacional AntiDrogas (Dirandro), general PNP Carlos Morán, las imputaciones de Barrón no son serias sino tendenciosas, malintencionadas e irresponsables, porque no puede acusarse sin fundamento a una institución del Estado, como la Policía Nacional del Perú, tomando como base lo expresado por un ‘informante anónimo’ sin aportar prueba alguna, señaló Morán.

Aseguró que el teléfono de Lourdes Flores fue interceptado desde un teléfono fijo, valiéndose de materiales caseros y artesanales, como el caso de BTR, muy diferentes a los que utiliza la policía en su lucha contra la criminalidad.

Por otra parte, el toledista ex director de Inteligencia, general (r) recordó que los equipos de escucha telefónica que tenía el antiguo SIN fueron saqueados tras la caída del régimen de Fujimori, sin que hayan sido recuperados y los ex agentes del SIN, tras su desactivación, formaron empresas de seguridad que ofrecían discretamente servicios de espionaje telefónico, por lo que las empresas del rubro deben ser investigadas.

Palacio de Gobierno gastó S/. 228 mil en combustible

La Presidencia de la República gastó el año pasado S/.228,347.71, es decir casi un cuarto de millón de soles, en combustible para sus 29 vehículos. Si bien dos de éstos están asignados al despacho del presidente Alan García y otros a funcionarios de su confianza, así como a su seguridad y resguardo, por lo menos tres de esos carros son usados por la ONG Sembrando, de su esposa Pilar Nores, de quien está separado desde hace tiempo.



La mayoría de los autos y las camionetas de Palacio de Gobierno no están destinados a una oficina o dirección, sino que permanecen en el patio trasero, con la finalidad de trasladar, cuando sea el caso, a otros funcionarios. Precisamente éstos son los que se entregan a dicha ONG para realizar comisiones no oficiales, inclusive en el interior del país. Varias de esas unidades estuvieron en las actividades que Pilar Nores realizó en el local de la Casa del Pueblo, en Navidad.

Sólo ocho vehículos están asignados a altos funcionarios, incluyendo el jefe de Estado, a su secretario general, edecanes, consejeros -como fue hasta hace poco la candidata presidencial aprista, Mercedes Aráoz-, personal de protocolo y de la jefatura de prensa y a la seguridad presidencial. Todos los demás están “a disposición”. Algunos de estos últimos que son entregados a Sembrando tienen las siguientes placas de rodaje: OQ8513, PIF 334, RQZ 044 y RQP 676.

Los autos que más gastan
La mayoría de los vehículos sobrepasa el uso de 50 galones de combustible permitidos al mes, sea de gasolina o diesel. Si el límite fijado se cumpliera, ningún auto o camioneta gastaría más de 600 soles mensualmente. Sin embargo, los montos desde enero a diciembre superan ampliamente esa cifra: en algunos casos se llega a S/.2,000 al mes.

En el caso del auto que utiliza el presidente Alan García, la cifra por la compra de combustible bordeó los 16 mil soles. Esa cifra es superada por el vehículo asignado a la Secretaría de Prensa, pues ésta gastó el año pasado más de 20 mil soles, como lo muestra el cuadro adjunto.

En consecuencia, todo indica que no hay una verdadera austeridad en la Casa de Gobierno, tanta veces mentada por el presidente. Más aún, sus palabras sobre el control del gasto y la austeridad se borran totalmente al verse cómo y cuánto se gastó en la compra de panes y embutidos.

De acuerdo a lo publicado en el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, en Palacio de Gobierno se gasta al año más de S/.55 mil soles en la compra de embutidos y S/.78 mil en pescados y mariscos.

Los documentos publicados por ese periódico precisan que Palacio solicita anualmente 180,000 panes de 40 gramos cada uno; es decir “un promedio de 493 panes por día”, o sea, más de 7 toneladas de panes. Todo un derroche.


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Estos son los documentos que demuestran al detalle el gasto de combustible de cada uno de los vehículos asignados a Palacio de Gobierno. Los montos que se utilizan para los carros del ‘patio’ –algunos de los cuales son asignados a la ONG Sembrando– gastan en conjunto más que el vehículo presidencial.

DETALLE

De acuerdo a la información oficial a la que accedió LA PRIMERA, Palacio de Gobierno desembolsó nada menos que otros 113,356 soles para pagar la telefonía celular que el presidente García y siete de sus funcionarios de confianza utilizaron entre enero y diciembre de 2010. Mensualmente el gasto por este servicio supera, en promedio, los 9 mil soles.


Vehículo - Placas - Combustible

Presidente (Alan García) - BGL650 / DP6865 - 15,917.00
Secretario General (Luis Nava) - EGA685 / OQJ278 - 11,960.55
Secretaría de Prensa (José Chirito) - RIH867 - 20,258.79
Protocolo - RQZ044 / ROX925 - 8,714.89
Consejeros - RIH866 - 13,584.33
Edecanes - RIH865 - 13,494.43

Montos en soles
Gastos de enero a diciembre

PODEROSO CABALLERO

El caso de la señora Carmen Rosa Núñez de Acuña da pie a dar una mirada a la forma cómo los partidos políticos financian sus campañas y el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, que debería ser celosamente vigilada por los entes electorales.

La voz de Carmen Núñez de Acuña suena metálica y fría cuando habla de cifras, aportes y camionetas y de la vicepresidencia en la plancha de Luis Castañeda. Y luego suena enredada, confusa, incoherente cuando quiere desdecirse frente al público y los periodistas que le preguntan sobre su desliz verbal.

Luis Castañeda envía a su escudero Marco Parra a poner el pecho ante la opinión pública y sale mal parado porque no sabe explicar si hay o no dinero de por medio, Quiere, a lo Lourdes Flores, desviar la atención hacia los audios, y reclama que su candidato es víctima de guerra sucia y de un ilegal y asqueroso chuponeo. Pero sucede que no es interceptación telefónica, es una grabación en vivo y en directo que el interlocutor de la señora de Acuña ha entregado a la luz pública, tal vez asqueado de la tan antigua forma de hacer política en el Perú, la venta de puestos públicos, la dación de favores a cambio de dinero. Es el oscuro poder del dinero detrás de la política, que la envilece y la denigra.

Finalmente, Castañeda se echó encima la tarea de salir al frente, habló de una “tormenta en un vaso de agua”, de guerra sucia y lanzó ataques contra Toledo y Ollanta Humala, aunque al fin y al cabo igual Solidaridad Nacional reconoció que doña Carmen puso más o menos la tercera parte de lo que decía el audio difundido por Perú.21.

Las sospechas de los ciudadanos, entonces se hacen ciertas. Desde que Luis Castañeda presentó a Carmen Núñez de Acuña en la Plaza de Acho, como su candidata a la segunda vicepresidencia por Solidaridad Nacional, la idea de los millones de soles que la pareja del “exitoso” nuevo dueño del norte, César Acuña, danzando en la campaña electoral del sol radiante no se alejaba de las mentes. Pero hasta ahí era una suspicacia, una sospecha, nada más.

Los analistas preguntaban ¿cuál es el mérito de Carmen Núñez para ser considerada como candidata a una vicepresidencia de la República? No había respuesta lógica. Algunos especulaban la intención de Castañeda de restarle influencia a César Acuña, ahora aliado de Pedro Pablo Kuczynski en la Alianza Para el Gran Cambio, el sancochado de PPK, Lay, Lourdes Flores, Yehude Simon y Acuña. O, tal vez, agregarle a la campaña el ingrediente dramático de la “guerra de los Acuña”.

Y de cierta manera, Castañeda ha reconocido el gran aporte económico de Núñez y dice que es una comprobación que no tiene financiamiento del extranjero.

Danza de millones
Pero para el ciudadano, lo que salió de la boca de Carmen Núñez de Acuña es la comprobación, que solo los que tienen plata pueden llegar al poder. Y no les falta razón.

En la campaña de 2006 hubo más de 100 millones de nuevos soles en danza. Los partidos políticos recibieron aportes ordinarios y extraordinarios para impulsar las candidaturas de sus líderes. Solo los aportes declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por los partidos políticos, sobrepasaron los 6 millones 720 mil soles.

Y, ya se sabe que los tesoreros de los partidos hacen mil y un malabares para no presentar las verdaderas cifras, ni a los principales aportantes.

Por ejemplo, en una rápida revisión a la web de la ONPE, en la sección de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, hallamos a varios desinteresados “mecenas” políticos. Sobre una parte de los aportes recibidos durante la campaña de 2006, el Partido Aprista presentó una lista que ocupa 806 páginas, la mayoría de las cuales son aportes de 5 nuevos soles de militantes de base de todo el país. También están incluidos algunos aportes por 2,500 nuevos soles de cada uno de sus congresistas y algunas autoridades regionales y locales.

En las páginas correspondientes a Perú Posible, está consignado el magnífico aporte del ex presidente del Congreso y connotado dirigente chakano, Carlos Ferrero, quien en varias armadas entregó para la campaña S/.332,393.28. Las cifras más fuertes fueron una de 130,037.27 y otra de 128,393.30.

Un poco menos dadivoso, fue Carlos Bruce Montes de Oca, quien también en forma fraccionado entregó S/.76,176.36. Llama la atención el aporte de la Empresa Generación Eléctrica, sin precisar si es la de Machu Picchu, San Gabán, del Sur, del Norte. Entregó a la causa de Toledo casi 75 mil nuevos soles.

En la nómina de aportantes figuran varios ex ministros y ministras del régimen toledista, representantes del Congreso, etc.

El tope de aporte anual de personas naturales y jurídicas es de 60 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), es decir en el año 2006 el tope era de 192,000 nuevos soles. En el caso del ex premier Carlos Ferrero que sobrepasó largamente ese monto, ¿actuó la ONPE de oficio, oportunamente? ¿Hubo alguna sanción a los infractores? Por lo menos no trascendió a la prensa. Así que es una investigación pendiente.

Empresas y empresarios
También una revisión rápida a los aportes que recibió Solidaridad Nacional (SN) en la campaña de 2006 revela un par de datos no muy claros. La empresa Sistema de Impresiones S. A. (Sissa) donó publicidad por un monto de S/.141,451.73, lo mismo hizo Punto Visual por el equivalente de S/.53,277.88, siendo ambas empresas de la familia De Azambuja Pásara.

También fue un solidario mecenas el director ejecutivo de la empresa minera Buenaventura, Roque Benavides Ganoza a través de la Asociación Civil Reflexión Democrática. La contribución fue de S/.63,531.01. Martín Pérez aportó S/.125,600.00, mientras el teniente alcalde Martín Parra donó aproximadamente S/.100,000.00 y el empresario José Luna entregó S/.191,731.00 y su hermano Juan Oswaldo otros S/.32,268.90.

El Partido Popular Cristiano (PPC), también recibió aportes de Roque Benavides a través de Reflexión Democrática. Esta vez fue por S/. 165,341.16, pero en publicidad radial, vía pública y diarios.

En el período 2005-06, el PPC y SN conformaban la alianza política “Unidad Nacional” y Lourdes Flores era su candidata presidencial, así que esta podría haber sido una forma de “sacarle la vuelta a la ley electoral”, que volvemos a recordar impone que las personas naturales o jurídicas tienen un tope de S/. 192,000.00 de aportes anuales para las campañas electorales o partidos políticos. También hizo un generoso aporte el regidor de la municipalidad de Lima, Rafael López de Aliaga, –miembro del Opus Dei–. A través de la Asociación Civil Fundación Central López de Aliaga entregó S/.168,000.00.

La agrupación política también recibió financiamiento internacional de las empresas de Panamá Quorum Consulting Group por S/.201,359.73 e Interimage Latinoamericana S.A. por S/.199,440.00,

Además hay una pequeña contribución de una empresa que pudo pasar desapercibida de no ser por el dueño de la misma. En el 2006, el PPC recibió una donación de S/.6,644.00 de la empresa MGB S.A., cuyo propietario es Miguel Garro. Sí, el mismo que años después formó Comunicore y logró una rápida ganancia con una hábil compra y venta de adeudos de la Municipalidad de Lima.

El otro socio de Unidad Nacional, la agrupación Renovación Nacional que dirige Rafael Rey, recibió también sendas donaciones desde Panamá de Quorum Consulting Group y de Interimage Latinoamericana. LA PRIMERA aportó S/.203,479.75 y la segunda entregó en varias armadas un total de S/.191,677.80.

Asimismo, el empresario minero Roque Benavides, también contribuye con el partido de Rafael Rey, al que le aporta S/.197,108.43.

¿La campaña más misia?
En la campaña de 2006, las agrupaciones Fujimoristas formaron una coalición política denominada “Alianza por el Futuro”, cuya candidata presidencial fue Martha Chávez, mientras Keiko Fujimori fue la candidata número 1 para el Congreso para la región Lima. El movimiento Sí Cumple, y los partidos Nueva Mayoría y Cambio 90 habían logrado el reagrupamiento Fujimorista.

Según las declaraciones juradas que estas tres agrupaciones entregaron a la ONPE, la campaña recibió aportes por cerca de S/.35,000.00, nada más.

“Sí Cumple”, incumplió la ley electoral, y no presentó ningún documento sobre sus ingresos ni gastos de campaña. Mientras Cambio 90 reportó haber recibido S/.6,055.00 el año 2006.

Nueva Mayoría, la agrupación que dirige Martha Chávez declaró el ingreso de S/. 28,394.90, la mayor parte fue una donación del empresario German Kruger por S/. 22,145.00.

De otro lado, tampoco el Frente Independiente Moralizador presentó sus cuentas en orden a la ONPE.

Borrosa transparencia
La ley 28094 fue promulgada el 1 de noviembre de 2003 y por primera vez norma la presentación formal ante la entidad electoral de los ingresos y aportes financieros de personas naturales y jurídicas. Antes de esta ley, el financiamiento de los partidos era un misterio casi insondable, por lo que era una necesidad transparentar esta situación.

El Título VI de la Ley 28094 contempla que los partidos políticos pueden recibir financiación pública y privada. La norma indica que el Estado debe destinar a ese fin el 0.1% de la UIT por cada voto emitido para el Congreso en la última elección general. Este financiamiento público se otorgaría con cargo al Presupuesto General de la República y debería ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación, así como para los gastos de funcionamiento ordinario.

Sin embargo, el presidente Alan García suspendió esta disposición legal, con la excusa de falta de recursos del Estado para cubrirlos.

El financiamiento público creó a su vez la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los partidos políticos beneficiarios, y para ello fue creada la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

Aunque durante el debate de la norma hubo consenso para prohibir que los candidatos reciban aportes directos, la ley de Partidos Políticos sí lo permite, prohibiendo solamente recibir aportes de entidades de derecho público o empresas del Estado, de alguna confesión religiosa y de partidos y agencias de gobiernos extranjeros, los que están autorizados para ser utilizados en formación, capacitación e investigación.

La Gerencia de Fondos Partidarios (GSFP), además de recabar los informes financieros, de gastos y de ingresos, puede, en un plazo de ocho meses contados desde la recepción de la documentación, pronunciarse sobre la regularidad y adecuación a lo dispuesto por la ley y podrá aplicar las sanciones respectivas, comenta Fernando Tuesta en “Los Partidos Políticos en el Perú”.

El artículo 36 de la ley, indica que el jefe nacional de la ONPE, previo informe de la GSFP, puede aplicar tres tipos de sanciones. Primero, la pérdida del financiamiento público (por no presentar la contabilidad detallada), segundo, multa mayor de 10 y no menor de 50 veces el monto de la contribución si ésta fuera de fuente prohibida y que la información haya sido emitida o adulterada por el partido.

En el caso de aportes individuales o anónimos superiores a los topes establecidos en el artículo 30 de la ley, la ONPE aplicará multa mayor a 10 y menor de 30 veces el monto cuestionado.