PODEROSO CABALLERO

El caso de la señora Carmen Rosa Núñez de Acuña da pie a dar una mirada a la forma cómo los partidos políticos financian sus campañas y el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, que debería ser celosamente vigilada por los entes electorales.

La voz de Carmen Núñez de Acuña suena metálica y fría cuando habla de cifras, aportes y camionetas y de la vicepresidencia en la plancha de Luis Castañeda. Y luego suena enredada, confusa, incoherente cuando quiere desdecirse frente al público y los periodistas que le preguntan sobre su desliz verbal.

Luis Castañeda envía a su escudero Marco Parra a poner el pecho ante la opinión pública y sale mal parado porque no sabe explicar si hay o no dinero de por medio, Quiere, a lo Lourdes Flores, desviar la atención hacia los audios, y reclama que su candidato es víctima de guerra sucia y de un ilegal y asqueroso chuponeo. Pero sucede que no es interceptación telefónica, es una grabación en vivo y en directo que el interlocutor de la señora de Acuña ha entregado a la luz pública, tal vez asqueado de la tan antigua forma de hacer política en el Perú, la venta de puestos públicos, la dación de favores a cambio de dinero. Es el oscuro poder del dinero detrás de la política, que la envilece y la denigra.

Finalmente, Castañeda se echó encima la tarea de salir al frente, habló de una “tormenta en un vaso de agua”, de guerra sucia y lanzó ataques contra Toledo y Ollanta Humala, aunque al fin y al cabo igual Solidaridad Nacional reconoció que doña Carmen puso más o menos la tercera parte de lo que decía el audio difundido por Perú.21.

Las sospechas de los ciudadanos, entonces se hacen ciertas. Desde que Luis Castañeda presentó a Carmen Núñez de Acuña en la Plaza de Acho, como su candidata a la segunda vicepresidencia por Solidaridad Nacional, la idea de los millones de soles que la pareja del “exitoso” nuevo dueño del norte, César Acuña, danzando en la campaña electoral del sol radiante no se alejaba de las mentes. Pero hasta ahí era una suspicacia, una sospecha, nada más.

Los analistas preguntaban ¿cuál es el mérito de Carmen Núñez para ser considerada como candidata a una vicepresidencia de la República? No había respuesta lógica. Algunos especulaban la intención de Castañeda de restarle influencia a César Acuña, ahora aliado de Pedro Pablo Kuczynski en la Alianza Para el Gran Cambio, el sancochado de PPK, Lay, Lourdes Flores, Yehude Simon y Acuña. O, tal vez, agregarle a la campaña el ingrediente dramático de la “guerra de los Acuña”.

Y de cierta manera, Castañeda ha reconocido el gran aporte económico de Núñez y dice que es una comprobación que no tiene financiamiento del extranjero.

Danza de millones
Pero para el ciudadano, lo que salió de la boca de Carmen Núñez de Acuña es la comprobación, que solo los que tienen plata pueden llegar al poder. Y no les falta razón.

En la campaña de 2006 hubo más de 100 millones de nuevos soles en danza. Los partidos políticos recibieron aportes ordinarios y extraordinarios para impulsar las candidaturas de sus líderes. Solo los aportes declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por los partidos políticos, sobrepasaron los 6 millones 720 mil soles.

Y, ya se sabe que los tesoreros de los partidos hacen mil y un malabares para no presentar las verdaderas cifras, ni a los principales aportantes.

Por ejemplo, en una rápida revisión a la web de la ONPE, en la sección de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, hallamos a varios desinteresados “mecenas” políticos. Sobre una parte de los aportes recibidos durante la campaña de 2006, el Partido Aprista presentó una lista que ocupa 806 páginas, la mayoría de las cuales son aportes de 5 nuevos soles de militantes de base de todo el país. También están incluidos algunos aportes por 2,500 nuevos soles de cada uno de sus congresistas y algunas autoridades regionales y locales.

En las páginas correspondientes a Perú Posible, está consignado el magnífico aporte del ex presidente del Congreso y connotado dirigente chakano, Carlos Ferrero, quien en varias armadas entregó para la campaña S/.332,393.28. Las cifras más fuertes fueron una de 130,037.27 y otra de 128,393.30.

Un poco menos dadivoso, fue Carlos Bruce Montes de Oca, quien también en forma fraccionado entregó S/.76,176.36. Llama la atención el aporte de la Empresa Generación Eléctrica, sin precisar si es la de Machu Picchu, San Gabán, del Sur, del Norte. Entregó a la causa de Toledo casi 75 mil nuevos soles.

En la nómina de aportantes figuran varios ex ministros y ministras del régimen toledista, representantes del Congreso, etc.

El tope de aporte anual de personas naturales y jurídicas es de 60 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), es decir en el año 2006 el tope era de 192,000 nuevos soles. En el caso del ex premier Carlos Ferrero que sobrepasó largamente ese monto, ¿actuó la ONPE de oficio, oportunamente? ¿Hubo alguna sanción a los infractores? Por lo menos no trascendió a la prensa. Así que es una investigación pendiente.

Empresas y empresarios
También una revisión rápida a los aportes que recibió Solidaridad Nacional (SN) en la campaña de 2006 revela un par de datos no muy claros. La empresa Sistema de Impresiones S. A. (Sissa) donó publicidad por un monto de S/.141,451.73, lo mismo hizo Punto Visual por el equivalente de S/.53,277.88, siendo ambas empresas de la familia De Azambuja Pásara.

También fue un solidario mecenas el director ejecutivo de la empresa minera Buenaventura, Roque Benavides Ganoza a través de la Asociación Civil Reflexión Democrática. La contribución fue de S/.63,531.01. Martín Pérez aportó S/.125,600.00, mientras el teniente alcalde Martín Parra donó aproximadamente S/.100,000.00 y el empresario José Luna entregó S/.191,731.00 y su hermano Juan Oswaldo otros S/.32,268.90.

El Partido Popular Cristiano (PPC), también recibió aportes de Roque Benavides a través de Reflexión Democrática. Esta vez fue por S/. 165,341.16, pero en publicidad radial, vía pública y diarios.

En el período 2005-06, el PPC y SN conformaban la alianza política “Unidad Nacional” y Lourdes Flores era su candidata presidencial, así que esta podría haber sido una forma de “sacarle la vuelta a la ley electoral”, que volvemos a recordar impone que las personas naturales o jurídicas tienen un tope de S/. 192,000.00 de aportes anuales para las campañas electorales o partidos políticos. También hizo un generoso aporte el regidor de la municipalidad de Lima, Rafael López de Aliaga, –miembro del Opus Dei–. A través de la Asociación Civil Fundación Central López de Aliaga entregó S/.168,000.00.

La agrupación política también recibió financiamiento internacional de las empresas de Panamá Quorum Consulting Group por S/.201,359.73 e Interimage Latinoamericana S.A. por S/.199,440.00,

Además hay una pequeña contribución de una empresa que pudo pasar desapercibida de no ser por el dueño de la misma. En el 2006, el PPC recibió una donación de S/.6,644.00 de la empresa MGB S.A., cuyo propietario es Miguel Garro. Sí, el mismo que años después formó Comunicore y logró una rápida ganancia con una hábil compra y venta de adeudos de la Municipalidad de Lima.

El otro socio de Unidad Nacional, la agrupación Renovación Nacional que dirige Rafael Rey, recibió también sendas donaciones desde Panamá de Quorum Consulting Group y de Interimage Latinoamericana. LA PRIMERA aportó S/.203,479.75 y la segunda entregó en varias armadas un total de S/.191,677.80.

Asimismo, el empresario minero Roque Benavides, también contribuye con el partido de Rafael Rey, al que le aporta S/.197,108.43.

¿La campaña más misia?
En la campaña de 2006, las agrupaciones Fujimoristas formaron una coalición política denominada “Alianza por el Futuro”, cuya candidata presidencial fue Martha Chávez, mientras Keiko Fujimori fue la candidata número 1 para el Congreso para la región Lima. El movimiento Sí Cumple, y los partidos Nueva Mayoría y Cambio 90 habían logrado el reagrupamiento Fujimorista.

Según las declaraciones juradas que estas tres agrupaciones entregaron a la ONPE, la campaña recibió aportes por cerca de S/.35,000.00, nada más.

“Sí Cumple”, incumplió la ley electoral, y no presentó ningún documento sobre sus ingresos ni gastos de campaña. Mientras Cambio 90 reportó haber recibido S/.6,055.00 el año 2006.

Nueva Mayoría, la agrupación que dirige Martha Chávez declaró el ingreso de S/. 28,394.90, la mayor parte fue una donación del empresario German Kruger por S/. 22,145.00.

De otro lado, tampoco el Frente Independiente Moralizador presentó sus cuentas en orden a la ONPE.

Borrosa transparencia
La ley 28094 fue promulgada el 1 de noviembre de 2003 y por primera vez norma la presentación formal ante la entidad electoral de los ingresos y aportes financieros de personas naturales y jurídicas. Antes de esta ley, el financiamiento de los partidos era un misterio casi insondable, por lo que era una necesidad transparentar esta situación.

El Título VI de la Ley 28094 contempla que los partidos políticos pueden recibir financiación pública y privada. La norma indica que el Estado debe destinar a ese fin el 0.1% de la UIT por cada voto emitido para el Congreso en la última elección general. Este financiamiento público se otorgaría con cargo al Presupuesto General de la República y debería ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación, así como para los gastos de funcionamiento ordinario.

Sin embargo, el presidente Alan García suspendió esta disposición legal, con la excusa de falta de recursos del Estado para cubrirlos.

El financiamiento público creó a su vez la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los partidos políticos beneficiarios, y para ello fue creada la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

Aunque durante el debate de la norma hubo consenso para prohibir que los candidatos reciban aportes directos, la ley de Partidos Políticos sí lo permite, prohibiendo solamente recibir aportes de entidades de derecho público o empresas del Estado, de alguna confesión religiosa y de partidos y agencias de gobiernos extranjeros, los que están autorizados para ser utilizados en formación, capacitación e investigación.

La Gerencia de Fondos Partidarios (GSFP), además de recabar los informes financieros, de gastos y de ingresos, puede, en un plazo de ocho meses contados desde la recepción de la documentación, pronunciarse sobre la regularidad y adecuación a lo dispuesto por la ley y podrá aplicar las sanciones respectivas, comenta Fernando Tuesta en “Los Partidos Políticos en el Perú”.

El artículo 36 de la ley, indica que el jefe nacional de la ONPE, previo informe de la GSFP, puede aplicar tres tipos de sanciones. Primero, la pérdida del financiamiento público (por no presentar la contabilidad detallada), segundo, multa mayor de 10 y no menor de 50 veces el monto de la contribución si ésta fuera de fuente prohibida y que la información haya sido emitida o adulterada por el partido.

En el caso de aportes individuales o anónimos superiores a los topes establecidos en el artículo 30 de la ley, la ONPE aplicará multa mayor a 10 y menor de 30 veces el monto cuestionado.