El gobierno no necesita renegociar los contratos para la exportación del gas de Camisea, únicamente se requiere aplicar la Ley Nº 17133 (Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural) que establece que el mercado interno tiene prioridad para la distribución de este hidrocarburo y que estuvo vigente cuando se firmaron los cuestionados acuerdos, dijo ayer el experto Aurelio Ochoa.
En declaraciones a LA PRIMERA, Ochoa explicó que en dichos compromisos suscritos con grandes empresas se precisa que los contratos “se someten a las leyes peruanas”, cláusula que debe hacer cumplir el Estado peruano, para bloquear la exportación y afrontar el desabastecimiento que ya registra la demanda dentro del país.
Ochoa indicó que en la Ley 27133, así como en sus modificatorias subsiguientes, se mantuvo la exigencia de que las distribuidoras del gas deben priorizar el mercado interno. Esta legislación fue modificada en sucesivas oportunidades para facilitar la exportación, pero la obligación no fue modificada.
Los representantes del gobierno deben sentarse con los exportadores y explicarles que la ley bajo la cual firmaron los contratos debe ser cumplida, señaló el especialista. Refirió que algo parecido ocurrió hace algunos años cuando Argentina le comunicó a Chile que le reduciría gradualmente la provisión de gas debido a las necesidades de su mercado interno.
No significa cortar los contratos, sino que el gobierno debe ponerse bien los pantalones y decirles a las empresas que podrán exportar una vez que se haya satisfecho la demanda del mercado peruano (en un horizonte permanente de 20 años), señaló.
El ingeniero Ochoa replicó también lo afirmado por las autoridades del gobierno sobre la supuesta existencia de suficiente abastecimiento de gas en el país y aseguró que por el contrario, hay numerosos ejemplos de un rotundo desabastecimiento.
En el mercado interno no hay gas suficiente, enfatizó y reveló que la termoeléctrica de Chilca tuvo que paralizar su funcionamiento a las tres horas de su inauguración, por la falta de gas. A ello se suma la alerta manifestada por la empresa Kuntur, promotora del Gasoducto Andino, que no podrá ejecutar la obra mientras no se garantice el aprovisionamiento del gas, así como la denuncia del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de la existencia de 400 industrias paralizadas por la falta del hidrocarburo.
Ochoa reveló que en el país existe una demanda insatisfecha de entre 700 y 900 millones de pies cúbicos diarios de gas, mientras que el gobierno ha autorizado la exportación de 620 millones de pies cúbicos. “En cualquier país del mundo, la atención del mercado interno es lo primero, pero acá no es así”, manifestó.
Ministro al Congreso
La falta de transparencia y credibilidad con que actúa el gobierno con respecto al gas de Camisea ha llevado a que representantes de distintos partidos en el Congreso exijan que el informe que debe entregar el 17 de los corrientes la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI), por encargo del Ministerio de Energía y Minas, sea validado por técnicos y expertos calificados e independientes, a fin de verificar que las cifras que ofrezcan sobre el volumen del gas existente sean las reales.
Los parlamentarios de la región sur, incluidos representantes del Apra, exigieron también al gobierno que no exporte más gas de dichas reservas y le pidieron que inicie un proceso de negociaciones con el Consorcio Camisea para determinar el volumen exacto del hidrocarburo proveniente de los lotes 88 y 56 que debe destinarse al mercado interno así como al externo, priorizando el consumo nacional.
Igualmente, señalaron que es necesario que se determine cuánto y en qué forma deberá liberarse de estos yacimientos para garantizar el inicio de la construcción del Gasoducto Sur Andino.
Los congresistas del sur acordaron también citar al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, así como al titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, para que expliquen la política del gobierno con respecto al uso del gas. En horas de la tarde se confirmó que el ministro de Energía y Minas concurrirá este jueves en horas de la mañana para exponer ante el pleno del Congreso.
Los congresistas firmaron un pronunciamiento multipartidario ante la emergencia que representa la pretendida exportación del gas de Camisea, mientras en el Perú ya se ha comenzado a evidenciar un déficit para atender las necesidades del consumo interno. El documento fue suscrito por los congresistas de Moquegua, Washington Zeballos (indepediente); Arequipa, Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional) y Pedro Santos (Partido Nacionalista), y Tacna, Jorge Flores Torres (Apra) y Juan Pari Choquecota (nacionalista). Así también por los representantes por Puno, Alfredo Cenzano (Apra), Yonhy Lescano (Acción Popular), Susana Vilca (nacionalista) y Margarita Sucari (Bloque Popular), además del cusqueño Víctor Mayorga (nacionalista).
Ocultan cifras
La congresista Vilca acusó al ministro Sánchez de haber desarrollado una política de desinformación y ocultamiento de las verdaderas reservas de gas, con el objeto de favorecer la exportación a México, después que la firma Gaffney, Cline & Associates Inc., determinó en 8.7 TCF de reservas probadas en los lotes 56 y 88.
“En octubre de 2009, el ministro Sánchez en su presentación en el Congreso de la República con motivo de su interpelación, tergiversó el concepto de las reservas probadas, y en forma reiterada y sospechosa aprovechó del informe de Gaffney, para referirse solamente al gas recuperable, y ocultó el concepto de reservas probadas confundiendo, para nosotros de manera intencional, con el gas comprometido para la venta”, expresó la legisladora.
Vilca sostuvo que a partir de entonces Sánchez nunca más ha utilizado la denominación de reservas probadas de gas de Camisea. Ha utilizado el término reservas recuperables, lo cual es muy peligroso, porque los contratos de Camisea se han suscrito sobre la base de reservas probadas y sobre el gas in situ, precisó.
Esvieta Topovich
Redacción
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