miércoles, 12 de mayo de 2010
LA SELVA RECLAMA
Las comunidades indígenas lamentan el poco interés del gobierno de Alan García en reconocer el derecho de estas organizaciones, a casi un año de los lamentables sucesos de Bagua (Amazonas), que dejaron 34 policías y nativos muertos durante una prolongada protesta en la selva, el año pasado.
Salomón Awanash, vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo ayer que la propuesta de diálogo del Ejecutivo a los pueblos nativos ha resultado un simple “saludo a la bandera” y lamentó que el tema no haya sido priorizado en la agenda del Congreso.
La protesta de los indígenas de la Amazonía peruana, que se prolongó por 70 días, exigía la derogatoria de algunos decretos promulgados en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al considerar que vulneran sus derechos ancestrales de los territorios que ocupan.
Los indígenas denunciaron el incremento exponencial de las concesiones mineras e hidrocarburos, con el riesgo de contaminación ambiental y quebrar la armonía de los nativos con la naturaleza de la selva, ya que dependen mucho de ella para su subsistencia (agua, alimentos y hasta medicina).
La administración aprista lejos de la voluntad política de mejorar las relaciones con las comunidades indígenas, ha continuado con la política extractiva y entrega de los recursos naturales a las transnacionales, según Aidesep, cuyo presidente Alberto Pizango se encuentra asilado en Nicaragua tras ser acusado por las autoridades del gobierno central de promover la violencia en la selva.
Awanash indicó que a casi un año de conmemorarse el primer aniversario de de los luctuosos sucesos de Bagua (Amazonas), el Ejecutivo no cumple con otorgar las indemnizaciones para los familiares de las víctimas ni existe el interés por reconocer el derecho de las comunidades de una consulta previa.
Demandó el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece la obligación por parte del gobierno de consultar a las comunidades involucradas ante medidas susceptibles de afectarlas directamente.
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