Regalo navideño

Estando cercanas las fiestas navideñas y el fin de año, época en la que la mayoría de la gente se concentra en los preparativos para recibir del mejor modo posible estas fechas, el gobierno procede a la suscripción del contrato de Concesión del proyecto de irrigación Majes-Sihuas II y envía al Congreso para su discusión el proyecto de ley 4535-2010, cuyo objetivo es regular el otorgamiento de medidas cautelares, relacionadas al uso aprovechamiento, extracción o explotación de recursos naturales. Al parecer el hecho que ambas iniciativas se realicen casi simultáneamente no sería mera coincidencia.

El mencionado proyecto de ley estaría dirigido a desincentivar a aquellos ciudadanos que ante una medida gubernamental dirigida a preservar los recursos o asegurar su sostenibilidad, solicitan medidas cautelares dirigidas a asegurar la continuidad de su actividad. De aprobarse el proyecto el solicitante estaría obligado a presentar una carta fianza por un valor igual o mayor al importe del valor del proyecto.

Sin embargo según el análisis compartido por Jaime Escobedo, abogado de CEPES, el mencionado Proyecto está redactado de tal modo que deja abierta la posibilidad de otra interpretación. Esta es que la norma también podría ser utilizada para desincentivar que se soliciten medidas cautelares frente aquellos proyectos que los ciudadanos consideran tiene un serio impacto ambiental o afectan su acceso a los recursos naturales, En otras palabras, si un grupo de ciudadanos considera que un determinado proyecto respaldado por el Estado producirá serios impactos ambientales, si hace uso de este instrumento jurídico, estaría obligado a presentar una carta fianza por el valor igual o mayor al del proyecto en cuestión.

Es obvio que comunidades campesinas, los agricultores minifundistas o las organizaciones no gubernamentales no estarán en condiciones de solventar los montos que implican las grandes inversiones que han sido motivo de conflicto en los últimos años, como es el caso del proyecto ya mencionado, pero también el de la Hidroeléctrica en Inambari y otros más.

De este modo el gobierno pretende eliminar uno más de los canales institucionales para procesar conflictos, empujando a los ciudadanos a expresar sus intereses y protestas en las calles.