LA VIOLACION COMO ARMA DE GUERRA

Al igual que miles de mujeres peruanas sometidas a violencia sexual durante el conflicto armado interno que vivió el Perú y que continúan esperando que la justicia las alcance, las víctimas de similares crímenes de Guatemala, que vivió una feroz guerra interna de más de tres décadas, aguardan una sanción ejemplar para los violadores.

En ese país centroamericano, el 4 y 5 de marzo cientos de víctimas de violencia sexual en esos aterradores años que soportaron los guatemaltecos, junto a defensoras de derechos humanos, se reunieron en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos, en un Tribunal de Conciencia para expresar el dolor que guardan en lo más profundo y castigar, aunque sea de manera simbólica, a sus victimarios y dar un primer paso para lograr la judicialización de sus casos en tribunales internacionales.

A pesar de los abusos que sufrieron estas víctimas, que las han dejado marcadas para siempre, la reunión no fue iniciada con un minuto de silencio, sino con un minuto de palmas de las asistentes, para demostrar que están vivas, dispuestas a luchar por su dignidad y contra la impunidad, y por un país fraterno y solidario para las futuras generaciones.

Similar experiencia se repetirá a fines de año en nuestro país, donde miles de víctimas de violencia sexual esperan poder encontrar la luz de la justicia, sino que lo digan las mujeres de Manta y Vilca, de Putis y tantas otras víctimas anónimas.

Cuatro mujeres luchadoras denominadas “Magistradas de Conciencia” conformaron el Tribunal de Honor: Teddy Aller, de Uganda; Juana Méndez (víctima de violencia sexual), de Guatemala; Sbiboko Nigkawa, de Japón, y Gladys Canales Martínez, del Perú, quien encabezó el tribunal y participó en el trascendental evento en su calidad de presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno (Conamuacai) y lo hizo acompañada de otra valerosa mujer, Mercelina Coro Silva.

Ellas tuvieron la responsabilidad de juzgar a los violadores y emitir un pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional, relató Gladys Canales, quien vivió en carne propia la violencia sexual por parte de agentes del estado peruano que, además, la torturaron luego de detenerla bajo el falso cargo de terrorismo como –finalmente- quedó demostrado. Integra por ello también la Asociación Reflexión de Inocentes Liberados que preside Edgar Rivadeneyra.

Canales relató que el Estado guatemalteco estuvo representado por un miembro del Poder judicial y participaron funcionarios de algunas embajadas, como la de España, que decidieron hacer suya la Declaración.

Desgarradores testimonios
“Hacia un mes que había nacido mi niño cuando llegaron los militares, me patearon y me violaron; yo gritaba pero nadie me hacía caso y se reían mientras me violaban; yo sangraba porque recién había dado a luz, me amenazaron para que no le cuente a mi familia, porque sino los mataban” contó una campesina que, aterrorizada por alguna represalia contra sus seres queridos, se refugió en México y cuando regresó fue sometida a un nuevo calvario, pues sus vecinos, sin misericordia, cuando la veían le gritaban “Ahí va la mujer de los soldados”. Ahora ha dicho basta y expresa con convicción que “tenemos que salir adelante para ayudar a otras mujeres”.

“Fueron a pedirme agua, pero me violaron entre 13 militares; yo era muy niña, me desmayé y mis padres me encontraron en el piso. Me embarazaron y ahora mi hijo me pide conocer a su padre y yo no sé qué decirle; también me pide Educación, he quedado muy enferma”, fue otro de los desgarradores testimonios.

“Mi hermana tenía sueños de justicia, de libertad, de buscar la igualdad, por eso la secuestraron, la torturaron, la violaron y la desaparecieron”. “En Guatemala, un país con desigualdades sociales, se tiene que ser revolucionario y eso a mi hermana le costó la vida”. “Ella se fue a encontrar con un compañero y la cogieron, a los dos días la mostraron a mi madre con el rostro ensangrentado, la colgaron, la violaron, le pusieron corriente en el cuerpo; cada 3 meses se la mostraban a mi madre, siempre mal y enferma, hasta que la desaparecieron, nunca más la volvimos a ver. Mi madre murió con el dolor de no encontrar su cuerpo y nosotras seguimos con el dolor de su ausencia”, dijo otra mujer.

Contra la población
Canales y Rivadeneyra, quienes participaron en el simbólico acto, relataron que Sandino Asturias Valenzuela, especialista en Estrategia Militar, demostró con datos y documentos que el objetivo del Estado de Guatemala fue ejecutar planes de tierra arrasada, violaciones sexuales, asesinatos extrajudiciales, etc. y el Ejército de Guatemala no sólo defendía intereses oligárquicos, sino también su posición de poder político y económico y a eso se debe la extrema crueldad de sus actos.

La estrategia no era combatir a la guerrilla sino a la población civil, guerra de exterminio, los campesinos eran considerados “el enemigo”. La orden siempre es la misma: “No detenidos, todos aniquilados”, habiéndose cometido 626 masacres a comunidades.

Asimismo, el daño a las mujeres fue incalculable y atroz, ya que se profundizó el sistema patriarcal, la subordinación, opresión y explotación a las mujeres. Mientras la violencia sexual era el “arma de guerra” y se ejercía en los cuarteles, durante los desplazamientos y las detenciones ilegales, donde “el enemigo” es vencido y humillado en el “cuerpo de sus mujeres”. Este concepto derrumba el mito de que la violación sexual está relacionada con la excesiva necesidad sexual o con los instintos supuestamente incontrolables de los varones, con provocaciones de las propias víctimas o con enfermos mentales.

Por otro lado, una investigación realizada por la Dra. Karin Griese, de Alemania ilustró que la violación no sólo desestructura a la mujer, sino a la familia y la comunidad, pues rompe con el sueño de imaginarse un futuro y provoca pesadillas repetitivas, aislamiento social, dolor de cuerpo, enojos, lesiones genitales, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, dolor durante las relaciones sexuales, presión alta y problemas circulatorios a largo plazo.

Por lo general las mujeres agredidas sexualmente no cuentan con el apoyo médico inmediato, lo que se traduce en complicaciones a futuro. Muchas veces la violación durante una guerra se hace sin golpes y esto por el miedo de que maten a sus seres queridos, razón por la cual se borran las evidencias.

A su turno, Irma Velásquez Nimatuj, en su enfoque cultural, afirmó que la violación atenta contra una cosmovisión, donde las mujeres reflexionan su cultura “anterior”, el antes le permitía pensar una vida ordenada. Hay casos en los que la mujer que tenía cierto grado de autoridad (parteras, curanderas) fue humillada, anulándoles su aporte cultural a la comunidad.

El hecho que sean estigmatizadas, en lugar de ser consideradas víctimas o sobrevivientes, demuestra lo planificado y pensado de este tipo de crimen.

Por su parte, Edwin Melgar en un enfoque antropológico, determinó que de las víctimas femeninas (37.6%) el 40% responde a niñas de hasta 12 años, el 97% a mujeres mayas, el 69% sufrieron muerte violenta, el 57% fueron víctimas de armas de fuego y un 24% fueron quemadas, datos que demuestran que el objetivo militar de las violaciones fue la población civil. (Las niñas no eran guerrilleras).

Explicó que el modus operandi de los victimarios era envenenar el agua y los alimentos de las comunidades y que los cadáveres de las mujeres encontradas estaban sin ropa, lo que sugiere violencia sexual y la intención de matar con crueldad desproporcionada, hecho que quedó demostrado.

El médico psiquiatra Jorge De la Peña, de México, fue más enfático al afirmar que la impunidad genera daños psicológicos profundos en el espíritu de la víctima, desgasta su cuerpo, cultura, religión, etnia; los hombres que no protegen a sus mujeres son considerados débiles, la violación es la imposición del uno sobre el otro, implica la devaluación de sus roles dentro de la sociedad.

Además, las mujeres violadas no son consideradas aptas para contraer matrimonio, y sufren el maltrato en la familia y la comunidad, la muerte por Cáncer, traumas, suicidios en la vejez y traumas transgeneracionales, dice el psiquiatra, quien pregunta ¿cómo quitarles de su cabeza de que no son culpables?

La reunión contó también con la participación de las fiscales del proceso, abogadas de larga trayectoria profesional en defensa de las mujeres: María Eugenia Solís, de Guatemala, y Juana Balmaceda, de España, realizaron la acusación.

La lectura de las fiscales fue contundente: La política sistemática de violación a las mujeres, no hubiese sido posible sin el apoyo militar y económico de la oligarquía y el gobierno de Estados Unidos y quedó demostrado que la violación sexual fue alentada desde el más alto nivel de la estructura de poder, empezando por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, etc.

Se demostró, con el examen de las osamentas halladas, que no hubo enfrentamiento, que hubo política de tierra arrasada y que la violación se convirtió en un botín de guerra, una manera de minar la moral del “enemigo” de golpear a la familia y la comunidad.

Así como que no cabe duda que lo manifestado por las testimoniantes es verdad, que coincide con los estudios e investigaciones periciales científicos. Los ponentes recordaron los planes contrainsurgentes Victoria y Sofía y la Doctrina de seguridad Nacional, para demostrar que la violación sexual fue sistemática.

También informes como el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (a modo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú) cuya presentación provocó el asesinato del obispo Juan Gerardi, quien dos días antes se atrevió a desafiar al ejército diciendo “Queremos recuperar la memoria del pueblo”.

Crímenes continúan en desalojos de tierras
Al término de la reunión las “Magistradas de Conciencia” emitieron un pronunciamiento final en el que señalaron, entre otros puntos, que la violación sexual durante el conflicto armado interno (Guatemala) se cometió junto al Genocidio y/o Delitos contra los deberes de humanidad, y que los actos imputables al Estado fueron realizados por funcionarios o empleados públicos y agencias estatales de fuerzas de seguridad y militares y que no se encuentran procesados.

El documento también indica que los grupos armados insurgentes que fueron parte en el enfrentamiento armado interno tenían el deber de respetar las normas del derecho internacional humanitario e incurrieron en infracciones.

Añade que en la guerra interna guatemalteca se infringieron las normas del Derecho Internacional Humanitario, violaron los principios comunes de éste con el Derecho Internacional de los derechos humanos y que el Estado de Guatemala, al no cumplir con el deber de debida diligencia para investigar y sancionar los delitos cometidos y al no tener las políticas necesarias para prevenir hechos similares, envía un mensaje social de permisión e impunidad.

También puntualiza que la violencia de género perpetrada durante el conflicto armado interno es consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, niñas y niños y que las violaciones sexuales cometidas en la actualidad por miembros de fuerzas de seguridad combinadas por fuerzas policiales y militares en los procedimientos de desalojo de tierras ocupadas constituyen claramente delito de tortura contenido en el artículo 201 del Código Penal guatemalteco.